Una mirada rara a la causa de Pablo Herreros
6 Noviembre, 2011 – 17:18 | 18 Comentarios

Ver que un puñado de anunciantes ponen los pies en polvorosa porque un blogger la lía… eso no se había visto por estos lares. De la madre de El Cuco, El Cuco y sus crímenes …

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¿Qué hay detrás del Informe de UTECA sobre cumplimiento de servicio público? (una valoración política y metodológica)

Escrito por el 3 Octubre, 2008 – 7:512 Comentarios


Los titulares han sido tan rotundos como la hoja que UTECA entregaba en su rueda de prensa: casi el 40% de los contenidos de TVE no son de servicio público. La afirmación se sustenta en un estudio encargado (por tanto, pagado) por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, organización que defiende los intereses – legítimos – de lo que comúnmente llamamos televisiones privadas que emiten en abierto. El estudio está realizado por profesores e investigadores de la Universidad Carlos III, la UNED y el CEU San Pablo, y se centra únicamente en RTVE, sin considerar las autonómicas.

El trabajo, extenso y realizado a primera vista de modo muy riguroso, merece que le dediquemos una mirada a los muchos y diferentes ángulos que la verdad suele tener; para desgracia de todos, casi nada es simple, blanco o negro. Si lo que digo les parece verdadero, ya es harina de otro costal, pero por esforzarse que no quede. La conclusión esencial que se debe tener en cuenta, es que este informe va ser una de las piezas clave del argumentario esencial de UTECA sobre la televisión pública: que hace competencia desleal a las privadas. Anticipo que creo que tienen razón, pero todo en la vida está repleto de matices. Voy por orden de mis notas:
  • El informe no aparece ahora, obviamente, por casualidad. El Gobierno ha pedido a los representantes de todos los interesados del negocio audiovisual que remitan sus opiniones y aportaciones para la elaboración de una Ley General Audiovisual, que se tiene como una de las grandes carencias del sector. No es sólo carencia, sino angustiosa espera y fracaso reiterado, pues no ha habido legislatura de las últimas en las que no se haya hablado de realizar de una vez por todas la dichosa ley. Con un sector tan condicionado por su estrechez, su influencia y sus grandes números, pocos actores tienen mucho en juego: los gobiernos suelen tener mucho que perder y poco que ganar – en mi opinión – por lo que la tendencia al parche y a la huida es fácil.
  • En esa ley lo que está en juego es cuánto dinero habrá libre para los operadores privados y quiénes van a poder serlo. Me explico: el ordenamiento actual prevé la aparición de más de mil frecuencias en TDT local y la posibilidad de que en cualquier ciudad importante haya más de cuarenta canales de televisión sin necesidad de abonarse a una plataforma de cable. Puesto que el dinero en publicidad es una cifra más o menos rígida, este mercado tiende a ser de suma cero: lo que gana uno, lo pierde otro. El resultado es que los operadores temen una lucha mortal por el mercado en el que muchas empresas pueden ir a la quiebra y, dado el interés de las licencias de televisión, ser compradas por los ganadores de la batalla comercial reduciendo el número de opciones disponibles. Si esto es un peligro que haya que temer (la tele ya es un oligopolio en manos de pocos), yo tengo serias dudas, pero es inevitable que los empresarios busquen una forma de hacer sus negocios seguros. Digo inevitable porque es lo que cualquiera haría con sus dineros, evitar la competencia.
  • El modelo televisivo en España incluye la participación de emisoras públicas que emiten, como las privadas, publicidad para financiarse. Y tienen la particularidad (nefasta, en mi opinión) de tener, además de los ingresos de mercado, dinero de los contribuyentes otorgados no por un mecanismo automático (un cánon) sino por una asignación presupuestaria. Esto último las hace especialmente vinculadas a las mayorías políticas de cada momento. En definitiva, que la lucha por ingresos comerciales es obvio que reduce las opciones de las privadas por captar ingresos. Puesto que las públicas tienen fondos procedentes de impuestos y, por definición, una empresa pública no quiebra nunca (la pueden privatizar o cerrar, cosas nunca vistas en televisión, pero no dejará de pagar si sus ingresos se reducen), los privados van a ver (ya ven) cómo estas empresas pueden invertir en la compra de contenidos que compiten duramente por lo mejor de la audiencia en términos comerciales sin que eso afecte a su viablidad. En resumen: que un accionista privado puede perder todo su dinero compitiendo contra empresas cuyos gestores pueden actuar sin miedo a la pérdida, pues sus posibles desaciertos serán cubiertos con cargo a los presupuestos generales del estado o de las autonomías.
  • Por otro lado, debe notarse que la presencia de emisoras públicas que no emitieran publicidad son buenas para el sector privado: al ser el espectro radioeléctrico un bien escaso, si las públicas no emiten publicidad o no compiten, dejan mucho más cómoda la existencia de las privadas que ocupan el resto del espacio, pues esos canales ya no serán competidores nunca más. Si se eliminaran las públicas, la competencia sería mucho mayor. No es extraño pues que el informe de idoneidad sobre el contenido de servicio público contenga una definición implícita (es decir, no redactada ni enunciada así, pero observable por el lector) de lo que debe ser la televisión pública en opinión de UTECA y que no es otra que su posición oficial: complementaria y no comercial. Señalan en público los hombres de UTECA que la presencia de canales públicos, observado como el número total de canales disponibles no tienen parangón en España con ningún otro país comparable (tienen razón), pero tampoco piden la supresión de la televisión pública que permita la presencia de nuevos empresarios que, quizá, fuera la lógica esperable en defensa de una visión de la economía de mercado. Por tanto, UTECA precisa de instrumentos formales para su negociación y, simultáneamente, para presionar a la opinión pública en pos de su modelo de televisión pública. Si se puede demostrar con datos lo que todos pensamos y ellos denuncian, es decir, si se quiere una televisión pública para que emita Mira quien baila o si es necesario que se gaste dinero público pujando por derechos deportivos por los que las privadas si están dispuestos a pagar, entonces se puede crear un marco en que la agenda de discusión esté presidida por los puntos a discutir en favor de una televisión pública complementaria y no comercial.
  • ¿Cómo hacer eso? El estudio tiene una concepción muy inteligente y, en mi opinión, bien pensada. Trata de decir no si un programa es de servicio público, sino en qué medida lo es. Es decir, elabora un indicador de servicio público que pretende dar una idea del grado de cumplimiento de la programación, no se trata de decir si un programa lo es o deja de serlo, sino en qué grado de una escala cumple los criterios de servicio público. Así las expresiones periodísticas, o la impresión que dan los titulares de que un porcentaje dado de la programación no lo cumple serían ciertos pero tendentes a ser mal interpretados: Mira quien baila, por ejemplo (y no se mencionan programas en el estudio) no sería por sí mismo servicio público o dejaría de serlo, sino que lo cumple en un porcentaje determinado.
  • El siguiente problema pues, es cómo definir esa escala. A partir de ideas expresadas por representantes de UTECA puede comprenderse el sustrato. Si la televisión pública no emite un telediario para dar un espectáculo deportivo de una primera figura, estaría primando el criterio comercial (audiencia) en vez del servicio público (están para informar). O si un debate de interés social se emite de madugrada porque perderían audiencia frente a otro contenido, prima el interés comercial. Así, y ante la carencia de una definición legal específica de lo que es contenido y reglas de programación de servicio público, los profesores responsables del estudio emplean una serie de variables técnicas: si cada programa cumple con la función de servicio público de la cadena, si se cumplen los códigos de autorregulación, la nacionalidad de la producción, los idiomas empleados, si se trata de redifusiones o primeras emisiones, el año de producción, el empleo de sistemas de subtitulado y audiodescripción, si los programas son para todos los públicos, su originalidad y creatividad y el grado de ocupación publicitaria.
  • Siendo, como es, sensato todo lo que se dice, es el momento del trabajo en el que se tropieza con algo tan viejo como que la propia intervención del investigador condiciona el resultado. Otros dirían que es inevitable un condicionante ideológico en el trabajo. Y debo decir que las variables opinables son bastantes – quizá demasiadas – y que si bien el estudio está perfectamente hecho con respecto a esas variables, son de por sí discutibles y es seguro que un estudio realizado con otros criterios o por otros investigadores daría otros resultados. Lo que no invalida estos, pues es posible tener valoraciones alternativas.
  • Pondré ejemplos. El estudio presupone que emitir un reality es lo peor que se puede hacer (sin importar en qué consiste esa realidad), mientras que el que haya retransmisiones religiosas o institucionales, es un altísimo servicio público. Que el deporte minoratario lo es menos que esas transmisiones, pero más que los grandes espectáculos deportivos. ¿Por qué transmitir un torneo de bolos es menos servicio público que una misa? ¿No podrán decir otros, además, que una misa rompe la neutralidad religiosa del estado y no sería, entonces, servicio público? Más ejemplos: se presupone que una programación para todos los públicos es más servicio público que otra que no lo es: ¿no es posible que haya temas importantes para la sociedad que no sean adecuados para horario infantil o para menores y que sean susceptibles de un trato televisivo y social altamente cumplidores de una función pública? La sociedad habla de la pederestia, o de la pornografía infantil y puede no ser adecuado para ver con niños, ¿pero es menos servicio público el que no sea adecuado para que lo vean los menores?. Y más: la producción de países en vías de desarrollo es más de servicio público que la de los países desarrollados, pero menos que la producción europea y mucho menos que la española. Bien, la ley sí dice que debe fomentarse la industria audiovisual española, pero también nuestros votantes y el gobierno tienen a gala la cooperación española con los países menos desarrollados, ¿no es servicio público apoyar producciones minoritarias de países con pocos recursos para expresarse audiovisualmente?. Dejo para el final el más obvio: decir lo que es creativo u original es complejo. Tratan de emplear variables objetivas, como innovaciones en el lenguaje audiovisual, formatos o cambios de horario. Pero no deja de ser un criterio que, al final, depende de quien lo mira.
Conclusión: decía el secretario general de UTECA en la presentación del estudio que la televisión pública debería someterse a auditorías sociales que midieran el cumplimineto del servicio público. Tiene razón. El órgano de gobierno de la BBC hace algo similar y publica estudios profundísimos sobre ello. No se diferencia en algo de lo que ha hecho UTECA: toman partido por una ponderación de criterios que son inevitablemente subjetivos (que es diferente a que sean arbitrarios). La diferencia es que, siendo la elección de criterios subjetivos, y siendo la televisión pública una elección social, la elaboración de esos criterios sólo puede tener carta de naturaleza por una decisión política: los representantes de los electores, por medio de las instituciones que sean son los que deben decir si una producción española es preferente a una, pongamos por caso, de Burkina Fasso. O si la televisión pública debe dedicar un porcentaje de su programación a las cinematografías del Tercer Mundo. Mientras ese cuerpo de decisiones no exista, no existirá un criterio objetivo para hacer una verdadera auditoría de la función pública. El mérito enorme de UTECA es haber aportado un criterio y haber abierto el camino para que estas valoraciones de algo que cuesta una enorme cantidad de dinero en nombre de los ciudadanos, tengan una forma de valorarse. Hecho el supuesto de que la televisión pública deba seguir existiendo.
Actualización: Antonio Delgado realiza hoy una reflexión al calor de mi provocación para el debate de la televisión pública que se beneficia de todos los acontecimientos posteriores a que lo iniciáramos. Merece leerse.

2 Comentarios »

  • universotv dice:

    Completísimo artículo, me gusta mucho tu blog, sabes de lo que hablas 🙂 .

  • Sonia dice:

    Bueno Gonzalo, estupendísimo artículo que nos da para extendernos mucho.

    Tengo que decir que no he leído el informe aún pero estoy de acuerdo con todo lo que tú planteas, ya que me parece buena idea debatir sobre si necesitamos la tv pública, y cómo la queremos.

    Ayer me decía un buen amigo que él lo que suprimiría serían las tv privadas, porque a fin de cuentas, no aportan nada a la sociedad (irrebatible 😉

    Ahora bien, lo que me parece de un cinismo digno de estudio, es que las privadas se pongan a reclamar a la pública lo que ellas mismas no cumplen ni por el forro.

    Y no me sirve la excusa de que ellas juegan con su dinero y el resto no, porque por ejemplo el código de autorregulación lo firmaron voluntariamente, y no lo cumple ni el tato público ni el privado.

    Por tanto que exista este debate me parece estupendo. Ahora bien, que venga una de las partes interesadas a decirnos lo que tiene que hacer la tv pública me parece cuando menos ridículo.