A vueltas (otra vez) con la televisión pública de la era digital
Tengo el miedo de cansar con esto. Pero es que las cosas surgen. Un blogger que prefiere mantenerse retirado de la vida más o menos pública que es asomarse a la ventana de internet, me manda sus opiniones en un anonimato curioso pues ya no tiene por qué dañar su vida profesional. Pero ya se sabe que nunca se sabe. Yo sí sé quién es, está claro. Su envío lo produce al calor del que creo que fue un interesante debate sobre el sentido y orientación de la televisión pública en nuestros tiempos. «Nunca es tarde…» me dice.
- El estado tiene la obligación de dotar a sus ciudadanos de seguridad. Seguridad Física, seguridad jurídica, seguridad a sus propiedades, a su entorno económico y a la cobertura de sus necesidades básicas. También tiene la obligación de proteger a los más débiles y proporcionar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. Es aquí donde juega un papel primordial la educación. No entiendo esta obligación de educar solo en un sentido académico, sino global (formar, informar, comunicar). Las mejores herramientas de transmisión de ideas, valores y conocimientos, son los mass media. Y allí incluyo la televisión, pero también Internet y los demás medios. Es de sentido común que el estado aspire a utilizar estos medios para comunicar, formar y transmitir valores a la ciudadanía. Es su obligación. Ese debería ser el objetivo de una televisión pública. Mucha gente no tiene la oportunidad de formarse o de hacer discurrir las neuronas. Bien por falta de medios o de ganas. Sin embargo, todos vemos 3 horas y media de TV al día (de media). Que mejor oportunidad.
- Si creemos en la función pública de la televisión, ¿como planteamos económicamente este reto? La industria de la televisión es un mercado en si mismo. Un mercado basado en mentiras aceptadas (audímetros), irrespestuoso a más no poder con los ciudadanos (TV sin fronteras) y muy ineficiente, pero un mercado al fin y al cabo. Con sus agentes, que pagan impuestos, su normativa y demás. El estado no debería intervenir si queremos que funcione medianamente bien, menos aún como agente.
La televisión pública no puede competir ni ser medida en los mismos términos que la privada. Su objetivo no debería ser ganar dinero, sino formar y divulgar. Y por tanto, su desempeño debería medirse en esos términos. Su objetivo prioritario no es tampoco entretener. Sino formar e informar. Por eso la audiencia no será nunca un baremo tan supremo como en la televisión privada.
El problema radica en que hasta ahora, la TV pública ha pretendido luchar por audiencia para lograr ingresos, además de cobrar subvenciones inmensas (en un sin-sentido económico total). Esto ha sido así por el carácter de arma política que tienen las televisiones públicas españolas, pero es un insulto al contribuyente. En la España de las autonomías, el despropósito ya es mayúsculo, con tantas televisiones deficitarias como comunidades.
Ya hay pluralidad
Hay medios de todos los colores. Y más que va a haber con los 30 canales de TDT. No es un tema.
El estado debería retirarse del mercado televisivo y dejar de medirse como una TV privada. ¿Gratis?. Ni hablar. El espacio publicitario que abandonaría RTVE y la FORTA vale mucho dinero. Si las privadas quieren ampliar su campo de ingresos, que paguen a la pública por cederles su cuota de atención. Y luego que el mercado y el buen hacer de cada una jueguen su parte. Esto serviría para pagar buena parte de la deuda que arrastran las teles públicas.
Si hemos quedado en que las públicas no tienen que entretener (al menos no solo entretener como fin) ni luchar por el prime-time, sus costes de producción son mucho menores. No tiene sentido que la CCRTV (Corporació Catalana de Radio i Televisió) tenga más plantilla que A3 y Telecinco juntas, y que además pierda dinero mientras las otras ganas a espuertas. No más «Mira quien baila» con Ana Obregón cobrando millonadas por episodio con cargo al erario público. Eso es otro insulto a los contribuyentes.
¿Cómo financiamos entonces a la TV pública? Además de cobrar por abandonar el espacio publictario que ahora detenta RTVE y la FORTA, hay que encontrar una manera de financiar la labor formativa/informativa de la TV pública. Lo único viable es con cargo al estado, que deberá articular una manera. El único sistema que conozco es el británico. La BBC es un «powehouse» mediático total. Y se financia con el impuesto sobre las TVs. Otra alternativa podría ser el alquiler del espacio radioeléctrico a las concesionarias (ahora se regala) , o de las licencias de TDT, que también se regalan. UTECA argumentará que transmitir ya cuesta un riñón y que invierten mucho en la TDT y demás, pero obviamente solo hay que mirar las cuentas de rdos de las teles privadas.
El control político de las TVs públicas debería desaparecer
Si las TVs públicas fueran entes independientes de verdad, el ejecutivo no debería nombrar sus directivos. Deberían responder directamente al parlamento (nacional, regional o ayuntamiento), que nombraría a estos directivos por consensos muy amplios y por periodos amplios de tiempo. Las cesiones deberían también requerir consensos amplios.
Es necesario supervisar que se cumplen las directivas de protección del consumidor en el mercado de la tele. España se salta sistemáticamente la normativa europea en todo. Es necesario un Consejo Audiovisual que regule, que adapte la legislación a las nuevas tecnologías (TDT, TDT de pago,…) y que ponga freno a los abusos (como en UK con los concursos falsos y los foto-calls). No una inquisición partidista, sino un ente formado por expertos (de verdad, no por amiguetes), juristas, profesionales del medio, académicos y mas profesionales del medio. Profesionales de éxito, no políticos profesionales.
Internet y más concretamente el vídeo por internet, deberían formar parte importante de una estrategia de comunicación global del estado. Al igual que las empresas y los profesionales del Marketing, el estado debería comunicar de forma integral, complementando y adaptando sus mensajes y creatividades a sus públicos y medios. Internet ofrece una oportunidad tremendamente eficiente a nivel de costes para establecer comunicación de mucho impacto y profundidad con amplias capas de la sociedad, que de otra forma permanecen ajenas a la mayoría. Estoy hablando de los adolescentes y de los no tan adolescentes. Ya hay una generación de treinta-añeros y algunos cuarentones que no son nativos digitales, pero casi.
En resumen: sí a la TV pública, pero no a la actual. Hay propuestas de sobra, modelos económicos, modelos de engranaje político…etc. Lo que no hay es voluntad política.
Curiosamente, la posición «no a la actual» fue la mayoritaria de la gente que opinó en el debate original. Pienso que cualquiera que tengamos será objeto de la misma reflexión, pues nunca será a gusto de todos. Quizá la cuestión es a qué quiere renunciar la sociedad al elegir un modelo de televisión u otro, pregunta que seguramente la evolución del consumo audiovisual y de las redes dejará obsoleta. Por cierto, en el caso de RTVE, el Presidente de la Corporación ya lo nombra el Parlamento, amigo Resalín. Si hemos avanzado o no, te lo dejo para la siguiente o para el apartado de comentarios de los muy amables lectores.
Je, je, je, El Mundo siempre tan imparcial.
Que curioso que le preocupen tanto las cuentas públicas, pero luego se aproveche todo lo que puede de las teles autonómicas «amigas».
ya no se llama CCRTV, ahora es CCMA (corporació catalana de mitjans audiovisuals)
Saludos. Gran post. Me ha encantado leerlo. Como dije en otro comentario. La televisión pública debe centrarse en cubrir acontecimientos de trascendencia local, regional o nacional que sean de interés público. Profundizar en reportajes históricos a través de las filmotecas y ponerlos al servicio del ciudadano con consulta a la carta. Este espacio, esporádicamente, lo puede llegar a cubrir una inciativa privada pero nunca será su razón de ser. La verdadera dimensión de un ente público es la construcción de un archivo audiovisual a largo plazo donde el entretenimiento tenga lugar como base de creación de escuela a través de dramáticos u otras producciones que puedan estimular la industria audiovisual local. Esto se hace deconstruyendo la estructura gigantesca que tienen las televisiones públicas actuales hasta unos mínimos (que siempre serán tirando a máximo) basados en poder cubrir todo el territorio para no caer en centralismos y poder dar voz a TODA la población.
También la televisión pública debe dar ejemplo de esponjosidad y es su deber estar presente en cuantas plataformas surjan para llegar a todos los ciudadanos. Una buena televisión pública que pueda dar un buen contenido a aquellos ciudadanos que no pueden elegir, léase áreas rurales, donde la ADSL suena a chiste.
Si no existiera TV pública por vía herciana podría se podría regular el espectro radioeléctrico de TODOS a cambio de obligar a los difusores a emitir una serie de contenidos informativos, de interés públicos, etc. Pero para eso hace falta un regulador serio, ¿y quién regula al regulador? ¿Estamos preparados para aceptar una independencia de ese calibre? Por aquí tenemos el CAC pero eso ya sería otro debate.