Que la ley quedaba obsoleta ante la evolución del tráfico hacia otros lados en una más del clásico los bits son libres. La ronda Sinde está al caer y ya todos tenemos el convencimiento de que no servirá para nada de lo que se propone (pero, mientras, contendrá riesgos poco aceptables para la creación de negocios digitales). Cuando se arguye que el éxito de la ley consistirá en valorar el crecimiento de oferta legal, casi se está aceptando el fracaso: la oferta legal llega sí o sí porque es lo que canibaliza piratería, porque todo el mundo pretende posicionarse frente al televisor conectado y porque la evidencia de preferencia de consumo es abrumadora.

Mientras tanto, ninguno de los políticos que promueven estas leyes parecen mirar atrás: uno se puede ir hasta los años setenta (era carente de bits culturales) para encontrar persecuciones urgentes. Una lectura detenida del original de Le Figaro permite comprobar que, a pesar de la evidencia, el discurso sigue empeñado en buscar la cojosolución, esa que nunca llega, mientras se ignora el centro de la cuestión: que la concepción de la propiedad intelectual quedó obsoleta, pero no en el sentido de que no le sirve a los promotores de las industrias culturales, sino porque no le sirve a la realidad de la creación ni a las exigencias de la sociedad. En fin, se sigue ciego a la búsqueda de un equilibrio diferente.

Créditos: la imagen pertenece al World Economic Forum, distribuida con licencia CC.

La Ministra de Cultura enarbola el argumento del equilibrio para defender la instauración de limitaciones y mecanismos especiales de protección para el caso de las webs de enlaces. La cuestión del equilibrio habría que mirarla con perspectiva: el equilibrio lleva descomponiéndose en favor de uno de los dos lados – titulares de derechos vs sociedad – desde que se crearon las primeras leyes. Hoy hay sentencia definitiva sobre el canon. Desde que se conoció la resolución europea, el ejecutivo no ha movido un dedo en dar una solución a lo que la justicia rechaza y la sociedad considera abusivo. ¿Cuánto de la resistencia a la llamada Ley Sinde no reside en que no hay mecanismos de compensación por ningún lado y parece que el equilibrio cae siempre del mismo lado?

La sociedad aceptaría mejor crear restricciones si en otros campos se producen liberalizaciones: actuar en paralelo sobre el canon de forma diligente o plantear diversas fórmulas de liberación progresiva de los derechos de los contenidos pagados con dinero público. Se llegue donde se llegue, el mero hecho de presentar a la discusión pública la reformulación de los equilibrios permitiría generar nuevos y mejores consensos. La cuestión es de enorme complejidad conceptual y tiene muchísimas ramificaciones en el derecho internacional. Pero hacer el ejercicio político y de comunicación de determinar en qué consiste el equilibrio se me antoja una buena idea para ofrecer consensos nuevos.

Créditos: la fotografía pertenece a la galería de Cati Kaoe, distribuida con licencia CC.

La idea reside, se pueden imaginar, en que la extensión de plazos (obtenida a punto de que vencieran importantes derechos generados en el siglo XX) desvirtúa el propósito constitucional: de 95 a 120 años de plazo para lo que se llama corporate authorship (vamos, La Sirenita) incapacita de facto a más de una generación a emplear los materiales pues, de acuerdo con los críticos, los autores e inventores son el instrumento que se emplea para que el propósito de la ley, que es beneficiar al conjunto del público y no obtener beneficios económicos, se cumpla. Es decir, como tantas veces me recuerda mi amiga Isabel a propósito de esta conferencia de Stiglitz, el objetivo es el conocimiento mismo y no – esto es mío – los modelos de negocio derivados.

Pero esta cuestión, de gran valor, lo sería menos si no miramos quienes son los demandantes: en la lista encontramos algunos sospechosos habituales, como la Apache Software Foundation, pero la encabeza el sindicato nacional de escritores de los Estados Unidos cuya Junta Directiva decidió unirse por unanimidad a esta demanda. ¿Por qué? Porque “como sindicato, creemos en el interés público, en la capacidad de disponer de material libremente accesible por la vía del dominio público, que estimula la libertad de expresión, la creación de arte, etc.”. En su propio nombre y derecho, autores como Charles Baxter, Wendell Berry o William Gass, que no les sonarán pero entran dentro de los autores premiados y de prestigio y sin problemas para publicar: casi toda la lista tiene algún National Book Award. Dicho en pocas palabras: creadores de verdad, no sus intermediarios.

En el juego de la terrible duración de plazos suele mencionarse el problema de las obras huérfanas, esas de las que no se puede localizar al autor pero siguen protegidas. Se suele hablar de libros. Pero también hay películas. Sucede que pensamos que películas es todo lo que el entretenimiento comercial nos ha dado y existen muchísimas cosas: documentales, películas científicas, noticieros y lo que se puedan imaginar… que cuando son suficientemente antiguos no sólo no se encuentra al titular, sino que por la naturaleza de sus compuestos químicos… se está destruyendo. No se pueden tocar porque no aparece el propietario, un patrimonio cultural en peligro o justo lo contrario del propósito de las leyes de propiedad intelectual que, ya ven, no van de la cuestión del todo gratis.

Cuando decíamos ayer que el debate está en paradigmas enconados y con pocos vasos comunicantes, este es uno de los casos. Cuando Julio Alonso me dice que estamos ante un claro caso de framing de la opinión pública no sólo es cierto, sino que sucede con los propios creadores: las descargas sólo es un mínimo problema, digan lo que digan, que no supondrá el fin de la cultura ni mucho menos (dan ganas de decir que la patria es el ultimo refugio de los canallas a los afirmantes de estas cosas al ver su procedencia y cambiando los términos adecuados), el problema es el conjunto de un sistema que, tenga las virtudes que tenga, ha quedado miserablemente obsoleto y ha perdido su finalidad: promover la innovación y la creación.

Nuestros cineastas airados no se han acordado en esta pugna de que, mirando el conjunto de este debate, la cuestión se va a desplazar a cuestiones como por qué el No-Do (pagado por todos los ciudadanos), los archivos de RTVE (y del resto de las gubernamentales, aunque sean jóvenes) no está en dominio público para provocar todos los nuevos montajes, interpretaciones o recreaciones que se quiera. Como otro patrimonio residente en la Filmoteca que pide a gritos su liberación. Que no esté en dominio público implica costes que, además, cobra el estado, quien se se supone que está para proteger al público y promover la creación. No sólo de subvenciones vive el hombre.

P.D.: A diferencia de otras tesis que suelo defender y divulgar aquí, y para hacer el cuadro completo, debe notarse que este sindicato no se opone a la propiedad intelectual – incluso llama robo a algunas cosas – sino que no comparte la extensión. En la idea de equilibrio entre el beneficio social y el uso de un privilegio por parte de los creadores subyace esta extensión. La reforma de la propiedad intelectual tiene partidarios de la recuperación de usos y reducción de plazos (Stallman, por ejemplo) o el viaje a la supresión total (Levine y Boldrin, por ejemplo). Lo llamativo para los debates en marcha es el cuestionamiento, uno cree que cada día más acusado, del modelo.

Con la informalidad de los ciento cuarenta caracteres y su extraordinaria limitación, interpretaciones sobre lo dicho no caben pues se corre el riesgo de tomar el rábano por las hojas. Pero el resumen de la idea era que, para un servidor, en la cuestión de acciones o agenda pública sobre la cuestión de la autoría y sus derechos, mucho más tras la previsible ola de reforzamiento de leyes de control sobre internet que supondrá la cuestión Wikileaks, consiste en plantear el debate al revés: puesto que el liderazgo de la reforma está puesto en marcha por los afectados y los opuestos a ella aspiran a que los resquicios legales de una interpretación de la autoría se queden como está, en realidad se debe plantear la reforma a la inversa: qué propiedad – si el término es válido, que en mis conclusiones no lo es – es la que queremos y que se ratifique, en su caso, lo que se desea que sea legal como legal y no un resquicio.

Javier, con sorna, me llamaba la atención sobre la dificultad de generar un debate sereno en este estado de belén-esteban-permanente (este calificativo es mío) y con los embajadores ejerciendo sus presiones. Sí, una ilusión como otra cualquiera. Pero no pierdo el entusiasmo. Pensar que la comunicación de masas es capaz de tratar este asunto con un mínimo de rigor sólo lleva a pensar, dados los resultados, cómo será de triste todo lo demás que tratan. Que no decaiga, en todo caso. Porque, ¿qué pasa si autores prominentes, de los de la élite, de los que se supone que el sistema vigente hace bandera de su necesidad de protección, amamantamiento y bandera intelectual plantean dudas profundas sobre los aspectos filosóficos y prácticos del sistema? ¿Qué pasa cuando la responsable política número uno de la cuestión, autora ella misma, tiene que enfrentarse a argumentos esgrimidos por su propio gremio de autores consagrados y amados?

No se sabe ni se sabrá. Habrá resúmenes de prensa que le pasarán la cuestión, supone uno. Pero las reflexiones que produce en la intimidad de la soledad del político y de su ego (que quiere decir su yo por entero, no únicamente su perspectiva autocéntrica) seguramente nunca se conocerán. Y merecería poder discutir con un café y un croissant sin las luces de los fotógrafos, por puro amor al (auto)cuestionamiento intelectual. Como punto de partida, las opiniones de Coppola o Jean Luc Godard tienen el valor de ser de quienes son, la legitimidad de su reputación y como afectados, aunque por supuesto pueden estar perfectamente equivocados y es una postura ciudadana más.

Desayuno con Coppola inserto en un mar de dudas: “Como entramos en una nueva era, quizás el arte sea gratis, quizás los estudiantes tienen razón y deberían tener derecho a descargarse películas y música. Me van a matar por decir esto, pero quién ha dicho que el arte tiene que costar dinero y por lo tanto quién dice que los artistas tienen que ganar dinero”. La confusión entre arte, creación y dinero, interesada o no, es permanente y él, como modestamente un servidor, lo tiene claro: “¿Quieres tener éxito, ser rico y famoso, y que todo el mundo te invite a festivales de cine, o quieres hacer películas preciosas y bellas, que revelen humanidad en cierto modo, y que sean útiles? Son dos maneras distintas de hacer las cosas”. Nos queda la cuestión de si ese deseo de hacer cosas bellas tiene que ser pagado necesariamente con impuestos o hay otras formas por poco gratas que sean. En todo caso, la reflexión de primer nivel, arte e industria, ya está hecha, con su conflicto. Nada nuevo, pero necesario volver a ella en este estado de disrupción. Y me refiero a las preguntas de calado para el nivel político.

La otra noche, en cambio, cenaba con Jean-Luc Godard, ese icono. El reportero inquiere, diría que asombrado, ante la osadía de poder usar imágenes de otro. Godard tiene un discurso profundo, de los que no vemos en ningún responsable político o medio de masas (¡claro!): Si tuviera que responder legalmente por la apropiación de esas imágenes, contrataría a dos abogados para que actuaran de formas distintas. Uno defendería el derecho de cita, que apenas existe en el cine. En literatura se puede citar extensamente. En el libro sobre Henry Miller que escribió Norman Mailer hay un 80% de Miller y un 20% de Mailer. En la ciencia, ningún científico paga derechos por utilizar la fórmula elaborada por un colega. Esto es un derecho asumido que en el cine, sin embargo, no existe. El derecho de autor realmente no tiene razón de ser. Yo no tengo derechos. Al contrario, tengo deberes.

No dice los deberes, pero en este caos de ideas complejas, precisamente los derechos morales que recoge el derecho tradicional se me antojan más importantes que nunca. Porque un deber es citar la fuente, como haría un científico. No se queda ahí:

-Estoy en contra de la ley Hadopi, por supuesto. No hay propiedad intelectual

Lo importante serían los contextos y el viaje intelectual del por qué un autor como Godard llega hasta allí. Porque puede haber multitud de vericuetos. Vericuetos que uno ha explorado a su manera para llegar a conclusiones parecidas. Llegar a ellas plantea muchas preguntas nuevas. Claro que sí. Entre ellas, cómo vivir en un mundo esquizofrénico en el que algo queda cuestionado no sólo filosóficamente, sino que la tecnología lo convierte en cuestión de necesaria reflexión y autocrítica. Si no, los embajadores no se entretendrían tanto. La cuestión es que si artistas principales plantean estas cuestiones, artistas que son la razón de ser teórica de lo que se nos propone, un diálogo con políticos y portavoces de la industria no puede terminar con la descalificación de la alternativa. Con el delirio de que hablamos de robos y armagedones, hablamos de repensar lo que se ha hecho en tres siglos. Ingenuidad de mañana de sábado: es obvia la incapacidad de los medios de masas para tratar esta cuestión con un mínimo de profundidad, como es obvia la imposibilidad de que un político con criterio lo hiciera con tipos semianónimos escribiendo por la red, o que se haga en ámbitos académicos solventes.

En fin, remato: con la cuestión del cablegate, de nuevo el protagonismo de las voces destacadas de la red se lleva a discutir sobre los resquicios legales y no sobre la esencia. Además de que se hacen portavocías universalistas – es humano – que dan sólo versiones parciales de la alternativa al modelo actual. Que, debe decirse, en su mayoría no cuestionan la existencia de propiedad, sólo aspiran a dejar libres los usos sin ánimo de lucro (como si el lucro fuera malo por sí mismo) y retirar algunas restricciones y procedimientos, en especial los del sistema de recaudación. Una de mis conclusiones personales es que, a todo esto, se debe añadir un tratamiento lógico de quienes han hecho inversiones valoradas con un marco legal que es el que es, supuesto el hecho de que, al final, se va a otra cosa. Y pongo fin a las ingenuidades.

Al mismo nivel, esta misma semana David Cameron ha anunciado que se revisarán las leyes del Reino Unido en lo que parece un movimiento, de nuevo, en contra de los intermediarios y en favor del uso de las obras protegidas con restricciones más suaves por parte del público y, debe decirse, menores controles teóricos sobre el empleo de las telecomunicaciones que hace la población. En la nota de prensa de la BBC, subyace el serio problema de la complejidad de un sistema que requiere de tantas autorizaciones y que impone tantos costes para los potenciales usuarios de las obras tenedoras de derechos. En definitiva, una reducción del potencial creativo.

El anuncio de Cameron es bienvenido por las organizaciones que aspiran a la reforma de la vergonzante Digital Economy Bill, y el discurso de Kroes ha sido saludado con entusiasmo en varias fuentes españolas. Y hay motivo: sólo comparar la complejidad del discurso y los argumentos empleados con aquellas declaraciones de nuestro presidente del Gobierno diciendo la simpleza de que “sin propiedad intelectual nos quedaremos sin fuerza intelectual”, o el rubor que produce tener encabezando un ministerio que se llama de Cultura a una persona que representa sin temor a la vergüenza todas las tesis de los intermediarios, ya produce alivio. Si no tuvieron reparo en no mover un dedo porque se le cobre a las peluquerías por poner la radio, ya sabemos lo que se puede esperar. ¿Habrán recibido ambos, primer ministro y ministra, en sus resúmenes de prensa, las declaraciones de Negroponte a El País declarando al copyright como un sistema “del pasado”? ¿Sabrán quién es Negroponte?.

Pero una mirada detenida, especialmente al discurso de Kroes, no debe llevar a tanto entusiasmo. Que haya conciencia de que algo no va bien, no supone que se haya encontrado el camino. De hecho, la cita que abre esta nota muestra un escenario de palos de ciego, hecha la consabida reserva de que un político no suele decir exactamente lo que piensa, sino lo que puede llegar a decir o le conviene decir. Si leemos detenidamente, hay un sustrato de un neonacionalismo europeo que pretende cambiar los límites geográficos de los derechos de los estrechos marcos territoriales de los estados miembros ¡a una nueva frontera europea!. Las redes no tienen fronteras aunque, por supuesto, es donde tiene capacidad normativa y legal, pero supone una concepción igualmente absurda de limitación de movimientos de bits en el escenario digital.

En segundo lugar, el reiterado recurso a “nuevos modelos y marcos” es, una vez más, seguirle dando vueltas a una contradicción: si somos conscientes de que el verdadero fin de la creación de lo que se vino en llamar – mal – propiedad intelectual es la creación y la innovación y no el sostenimiento de industrias concretas, y que eso se hizo como excepción al estado natural y más beneficioso para el conjunto de la sociedad, es decir, la libre difusión de pensamientos, conocimientos e ideas, no hay más camino que la liberación de uso. La devolución a la sociedad de las restricciones. La reducción de plazos, la ampliación de los usos libres, el fomento del dominio público por defecto. Pero este hecho ataca a las prerrogativas de los intermediarios y, sobre todo, obliga a aguantar interminables presiones de sus abogados por lo que no se camina hacia la solución sino a querer seguir cuadrando el círculo. La exploración constante no son más que palos de ciego en medio de la niebla y la niebla se levanta en cuanto dejas de pensar en restricciones.

Créditos: la foto pertenece a la galería de Feuillu, distribuida con licencia CC.

La ya por todos conocida interpretación que el juez Stanton ha realizado de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) constituye, qué duda cabe, por parcial que sea ante la apelación anunciada, un soplo de aire fresco para una visión de un internet que permanezca si no abierto, al menos un menor espacio para restricciones. Más en un momento en el que la ofensiva internacional por el control de la red es más intensa que nunca. La gran prensa financiera ha advertido también que el resultado del juicio despeja – ¿al fin-? la propia viabilidad futura de YouTube.

Lo que hace la sentencia es muy simple: si no te notifican de modo claro (fehacientemente, supongo que dirían los abogados españoles) que un contenido no tiene autorización para su difusión no sólo no tienes que retirarlo, sino que la publicidad que asocies al contenido no es en ningún caso un enriquecimiento ilícito. Es decir: que suban cualquier cosa, yo ganaré dinero, y cuando me lo digas, lo retiro. Por tanto, ¿qué motivación tienen los servicios de agregación de vídeo para poner todo su empeño en invertir en costosas tecnologías de identificación de vídeo no autorizado si puedo esperar al aviso de retirada? Como ya sucede en el caso de Megavideo – y, a la inversa, seguramente en el caso de una conocida cadena de televisión española – mientras se reciben las peticiones de retirada de un archivo, nuevos archivos con el mismo contenido se están subiendo a la espera de… una nueva notificación.

Es indudable que el poder de negociación que confiere a cualquier agregador con tráfico sobre los proveedores de contenidos es verdaderamente grande para conseguir que los titulares de derechos tengan que tener acuerdos con los distribuidores sí o sí, no sólo para evitarse el cansino y prolongado coste de estar pidiendo retiradas, sino para no perderse nada de los ingresos que puede generar el repositorio de contenido. Mucho más para YouTube, que ya pone a disposición de los titulares de derechos su conocida tecnología de identificación de los contenidos y que se presentaría como un interlocutor preferente, ya no sólo por su tráfico, para llegar a acuerdos comerciales más interesantes que los actuales. En definitiva, podemos con todos los parabienes relajarnos en nuestro celo por proteger tu contenido antes de que nos lo digas, así que mejor dímelo ya y lleguemos a un acuerdo… con todo lo que tengas.

¿Cómo afecta esto al resto del mundo o, por lo menos, a nuestro entorno jurídico? Derecho en Red ha realizado ya un análisis de la sentencia norteamericana y efectúa una comparativa con la legislación europea que responde al mismo espíritu que la DMCA. Prematuro como es extraer consecuencias para el entorno local español, parece pertinente hacerse ya la pregunta de si este tipo de interpretación tiene consecuencias políticas para la conocida como Ley Sinde: ¿pueden cerrarse sitios de antemano cuando la doctrina internacional camina por la notificación a los servicios y cuando en muchas webs sólo existen enlaces y bajo la premisa de que no existe un enriquecimiento ilícito? Seguramente necesitemos la corroboración por parte del tribunal que reciba la apelación de la primera interpretación, pero dado que los derechos más importantes del mundo están en propiedad de compañías norteamericanas y que YouTube es la referencia por tráfico y marca cabe pensar en que la puesta a disposición de servicios online de contenido se acelere de muchas formas. No es que no tengan políticas sobre ello, sino que los planteamientos tecnológicos y de monetización – esos mínimos garantizados – seguramente cambiarán.

¿Qué otras cosas cabe esperar de la consolidación de esta doctrina? Conocida la política de defensa de sus intereses de los grandes propietarios de derechos – Viacom vuelve a llamar robo a la presencia de sus contenidos en YouTube – a mi no me sorprendería la siguiente evolución:

• iniciar procesos de presión y reforma legislativa para, como se acordó en una serie de principios para la convivencia con las empresas de cotenido generado por el usuario allá en 2008 y a los que no se sumó YouTube, se identifique al usuario que sube el contenido y sea baneado y posiblemente enjuiciado si reitera en su actitud de subir contenidos protegidos.

• acelerar lo que ya es una realidad, el empleo de la tecnología para controlar el contenido y ofrecer licencias baratas con usos limitados y que garantizan que el usuario particular puede emplear músicas y clips de vídeo. El acuerdo de YouTube con Ramblefish es un ejemplo de cosas que deberían seguir ocurriendo.

¿Y qué sucede con “la causa general contra el copyright” y la legislación sobre “protección de ideas y conocimientos”? Las demandas obligaron, como pudo comprobarse posteriormente cuando Viacom divulgó los documentos empleados durante su juicio, a que YouTube – y no sólo ellos – pusieran todo el empeño en el cumplimiento de la legislación actual sobre propiedad intelectual. El caso de la retirada de las remezclas que los usuarios realizaron sobre El Hundimiento y la cada vez más frecuente situación (al menos, en mi experiencia personal) de vídeos que han sido retirados en pocas horas o días del mismísimo YouTube, demuestran la pervivencia en la legislación – esa que Google se apresta a hacer cumplir como parte de su nueva posición central de distribuidor de contenidos de vídeo – en la que, como Larry Lessig nos enseñó, persiste el control de la creación por parte de unos titulares de derechos prestos a impedir cualquier tipo de innovación o a evitar los usos alternativos del contenido que no pasen por su curiosa y desquiciante política de licencias: la cultura libre no es sólo cultura libre es, después de todo, mercado libre.

¿Es lo que ha sucedido y puede definitivamente suceder algo parecido a lo que sucedió con los intentos de impedir las grabaciones de televisión en el vídeo casero? Por Tutatis que Hollywood quiso acabar con ello en medio de profecías y sentencias apocalípticas sobre la propiedad, etc. etc. y no ha pasado nada que dañe su poder como puede observarse cada día. La carencia de una reformulación de lo que debe ser un nuevo pacto social entre creatividad, comunicación y comercio, persiste.

]]> http://gonzalomartin.tv/2010/06/viacom-vs-youtube-que-le-importa-a-la-industria-de-contenidos-del-fallo.html/feed 4 http://gonzalomartin.tv/2010/06/zapatero-descargas-sinde-propiedad-intelectua.html http://gonzalomartin.tv/2010/06/zapatero-descargas-sinde-propiedad-intelectua.html#comments Sun, 06 Jun 2010 13:09:18 +0000 Gonzalo Martín http://gonzalomartin.tv/?p=2293 Los escribanos relatan que el primer ministro lo dijo así: “combatir la piratería informativa y cultural es hoy tan urgente como en su día lo fue erradicar la piratería de los mares para garantizar la seguridad de las rutas y el libre comercio entre las naciones”. A falta de un curso de dos tardes por parte de Rodríguez Ibarra, es momento de volver a reflexionar sobre los planteamientos – ¿se pueden llamar radicales o como mínimo repletos de ínfulas por parte de quien dice defendernos de los poderosos y a quien el poder no le iba a cambiar? – de nuestro primer ministro.

Dejo dos. Uno, el vídeo con la reflexión de Juan Urrutia y David de Ugarte sobre los fundamentos económicos de la propiedad intelectual que ya está disponible con subtítulos en inglés (ya hay versiones en catalán, gallego y esperanto; la de inglés traducida por Irene Sánchez). El segundo, una delicada reflexión repleta de silencio de Felipe. G. Gil (Zemos) en el que se remezclan los argumentos de la defensa a ultranza del derecho actual y en la que es el contexto y el espectador quienes los son capaces de ver cómo quedan en evidencia.

Mientras que la propiedad intelectual no es el único- ni necesariamente el mejor – medio de promover la innovación en cualquier caso, su extensión es el medio con el que se suele exhortar al Congreso. Pero, ¿a qué coste? ¿en cuánto se ve la economía afectada allá donde se trazan las fronteras de la propiedad intelectual?

A saber lo que se genera por las excepciones (el fair use) de la propiedad intelectual es el objetivo del informe que, concluye en la misma intrducción que “debemos ser cuidadosos de que ningún intento de alterar la propiedad intelectual no pasen por alto ningún sector crucial de la economía”.

La parte más divertida del estudio es que sigue la mismas metodologías que los estudios que tratan de calibrar el daño de las infracciones del copyright. El tono editorial es el de la realidad tecnológica del siglo XXI:

Nuestra política sobre la información debe, por tanto, equilibrar los incentivos que crea la regulación de la propiedad intelectual con los desincentivos que genera. Durante 300 años las leyes de copyright han reconocido ese frágil equilibrio. Sin embargo, sólo estamos empezando a entender en su integridad en el siglo XXI que lo que el copyright deja sin regular – la economía del fair use – es económicamente tan significativo como lo que regula.

Los números que se proponen hacen responsable a esta contribución del 23% del crecimiento de los Estados Unidos en el quinquenio del 2002 al 2007. Para un servidor de ustedes es demasiada la cantidad de análisis que conduce a una revisión de la legislación no al incremento de los espacios protegidos sino a su devolución a la sociedad que es, justamente, lo contrario a lo que las legislaciones que se emprenden aspiran. Mejores comentarios en Ars Tehcnica.

La exposición da para discutir seguramente mucho y para llevar el debate a la reforma de las leyes y no al sostenimiento de la pugna sobre los agujeros que la legislación actual tiene para permitir lo que debiera ser permitido. Una idea queda flotando en el aire: si el camino pasa por la reducción de plazos, ¿qué usos deben permitirse y cuáles no y cómo se enfuerzan mientras se reducen los plazos? Se distribuye en condiciones de dominio público. Para espectadores como usted.

Por cierto: hoy es el día mundial de la propiedad intelectual.