La Nueva Industria Audiovisual

La entrevista que publica hoy el diario El País con la nueva ministra sirve para confirmar diversos aspectos que, en mis conversaciones con personas del sector, son los que verdaderamente configuran los sucesos. En primer lugar, la aspiración a buscar la compensación en el cambio de distribución en quienes brindan acceso a internet, las empresas de telecomunicaciones:

…pero hay diferentes interlocutores que se tienen que poner de acuerdo. No sabemos cómo. Pero sí sabemos que hasta ahora son las redes de telecomunicación las únicas que están sacando beneficio. La responsabilidad no puede recaer en el usuario.

Un aspecto que se reitera por la negativa de la ministra a perseguir a los usuarios a la francesa manera:

«No, no me parece que esa sea la solución. Hay que tener alternativas.»

Sea por el sentido común, sea porque ya se llevan meses de conversaciones, sea por el entorno, sea por un pasado de movilización rotundo contra el cánon, conviene reiterar la insistencia que se muestra en no buscar un enfrentamiento con la red (ese ente verdaderamente difuso), sino iniciar un diálogo informativo (es esperable en todo ministro y preceptivo en todo proceso legislativo) que se pone en evidencia en el anuncio del inicio del diálogo ¡en quince días! con «gente que sabe de estos asuntos». Se debe añadir el interés en buscar una modernización de la comercialización del cine español (muchos callos a pisar, ministra) y la asunción de que internet «es tan complejo que requiere rediseñar todo un modelo de difusión cultural».

Un tercer aspecto interesante: en contra de – o simultáneamente a – algunas interpretaciones a mi juicio excesivamente conspirativas, algo de las declaraciones de la ministra vendrían a confirmar lo que me dicen mis fuentes, el intenso interés de la política exterior de Estados Unidos en la defensa del modelo vigente de propiedad intelectual y su relación con la posición internacional de España. Llevado al extremo de algunas versiones, fotos y abrazos de indudable calado político:

«Eso lo tienen muy bien inventado los americanos, que no necesitan ayudas porque protegen su cine y tienen un batallón de diplomáticos y de ministros defendiendo internacionalmente sus productos. La incidencia del Estado puede ser enorme en las reglas del juego.»

Algunas conclusiones:

• El nombramiento de Ángeles González-Sinde lleva como agenda implícita la negociación y puesta en marcha de un marco jurídico que partiendo de las empresas de telecomunicaciones permita recaudar a la industria de forma que compense, vamos a definirlo así, los costes de los cambios de distribución de las obras protegidas por derechos de autor. Esto no ocurría, salvo error u omisión por mi parte, en el nombramiento de ninguno de los ministros anteriores.

• El plantemiento es dialogado y parece complejo que, a corto plazo, se opte por un esquema que genere contestación social de la forma que lo generó el canon.

• El debate en los medios tradicionales sigue centrado en el esquema internet/piratería y no en cultura libre (la ministra habla de «equilibrio» entre cultura libre y el pirateo), en una prueba de que los entrevistadores desconocen lo que significa (no es un delito, es un problema de que la divulgación no ha llegado donde tiene que llegar). Se va a perder la ocasión de discutir del esquema propiedad intelectual, el rol del estado con el dominio público, papel y funcionamiento de las sociedades de gestión y de explicar en qué consiste cultura libre y qué no es gratis.

Y una inquietud: ¿serán capaces los representantes de los usuarios de internet, quienes quiera que sean, transmitir las ideas correctas? Alguna forma de canon o tasa impuesata a las líneas de telecomunicaciones puede hacerse de forma que quede poco visible para la factura de los hogares que, desengañémonos, no distingue entre descarga, piratería, propiedad intelectual ni nada parecido. Simultáneamente, y con la resistencia que puede generar pagar la televisión pública partiendo de dinero de las telecos, el escenario de resistencia, cambio de fichas y pacto entre grupos de interés, la complejidad de acuerdos se me antoja enorme.

Los ciudadanos, en nuestras casas.