La Nueva Industria Audiovisual

Público ha realizado una serie de preguntas a José Manuel Tourné, Presidente de la autoproclamada Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual. Lo cierto es que a esas mismas preguntas responde Juan Varela por su cuenta en el mismo diario. Ponerlas juntas, resulta tremendamente clarificador del tipo de debate del que estamos hablando y ya va siendo hora de que se envíe un mensaje a la sociedad en el que vea sobre lo que tiene que elegir. Elegir cuando vota (hay elecciones europeas y hay que ver qué votan los eurodiputados españoles, fíjense en Ignasi Guardans, que es de espanto) y elegir cuándo se involucra en los problemas sociales.

Atentos a lo de labor educativa. Eso me recuerda a los campos de reeducación de tristes gobiernos totalitarios.

¿Es partidario de cortar la conexión a los usuarios que reincidan en las descargas?

JMT: Siempre tras la labor educativa de los avisos y para los casos más graves. Existen medidas tecnológicas que con respecto al cine y videojuegos pueden resultar suficientes. No hay que criminalizar al usuario, sino convencerle del beneficio que para la sociedad tiene la propiedad intelectual.

JV:Las comunicaciones son inviolables. Es un derecho fundamental, superior a los derechos morales y económicos de los autores. Necesitamos nuevos modelos de relación entre autores y público, y ampliar el acceso a los contenidos digitales, especialmente si se han financiado con dinero público.

¿Un contenido descargado equivale a uno no vendido?

JMT:En el caso del cine y de los videojuegos, estimamos que se vendería o alquilaría una entrada o un DVD por cada cinco descargas.

JV: Quienes descargan obras en internet también las pagan y compran en otros soportes. La relación directa es una falacia. El problema del negocio del entretenimiento es la sustitución de una economía de la escasez por una de la abundancia donde los contenidos han perdido valor de mercado y, sobre todo, subjetivo, principalmente por la saturación impulsada por la propia industria.

¿El proveedor debe controlar las descargas?

JMT: El prestador de servicios debe colaborar con la acción de la justicia y debe garantizar que las redes y servicios se utilizan dentro de la legalidad. En la sociedad real, el dueño de un establecimiento abierto al público puede ser responsable civil del daño causado por los delitos que pudieran cometerse en el mismo, especialmente si pudo haberlo evitado.

JV: La neutralidad de la red es un principio fundamental para la democracia y la libertad. Los contenidos de internet son datos y ni los proveedores ni nadie tiene derecho a espiarlos a no ser por sospecha fundada de delito y bajo las garantías legales correspondientes.

¿El lucro es un límite adecuado para cerrar una web?

JMT: El ánimo de lucro debe ser un requisito para la vía penal. El cierre de una web puede resultar una medida cautelar dentro de un procedimiento civil para evitar la continuación de un daño, tal y como prevén las leyes.

JV: Definir lucro sobre qué es uno de los problemas fundamentales de la nueva economía digital y de los contenidos. ¿Lucro sobre la copia que no está en los servidores de las webs perseguidas? ¿Por facilitar la relación entre usuarios? ¿Sobre la búsqueda de información en internet?. Entonces supongo que bloquearán Google, Yahoo, Microsoft, Tuenti, y demás buscadores, foros y redes sociales, porque en sus páginas se encuentra información para las descargas.
El lucro de la mayoría de estas páginas no es sobre las obras ni la copia, sino por los servicios de información y relación que prestan. También tendrán que cerrar algunos medios como webs de diarios y revistas que informan dónde encontrar las descargas.

¿Debe ser un órgano administrativo y no un juez el encargado de los cierres?

JMT:Me parece apropiado cualquier procedimiento que sea eficaz y ágil.

JV: Los ciudadanos deberían mantener sus derechos fundamentales, incluida la presunción de inocencia. En España las descargas no son delito, sino un ilícito civil, un conflicto económico entre autores y público. Pero esa vía administrativa ha sido abierta legislativamente en España y en Europa.