Así, discutir y debatir de verdad supone poner encima de la mesa, por ejemplo, el rol de lo público y el fomento del paso a dominio público de las creaciones científicas y culturales. Puesto que uno de los problemas esenciales de nuestro tiempo es cómo se gestiona la explotación de obras intelectuales en un mundo que no ha terminado con la distribución analógica como centro hacia otro con centro digital, el papel que adopte la normativa al respecto de uso del dinero público es, en mi opinión, un punto básico.
Ya por aquí hemos apuntado la incoherencia de que las televisiones públicas financien contenidos de todo tipo y al cien por cien sin que su propiedad revierta al dominio público en un plazo como mínimo razonable. O se ha planteado la paradoja de que mucha producción de cine se financie, de una forma u otra, a partir de subvenciones o derechos comprados por televisiones públicas, con dinero procedente de los ciudadanos. Entendiendo esencialmente que, si no fuera por este dinero, no sería posible su producción siendo en su mayoría obras que desaparecen pronto de los circuitos comerciales y que raramente tienen más pases televisivos, no digamos reestreno en salas.
Bien parece entonces que su propiedad sea devuelta al dominio público cumpliendo la vieja función del origen de la regulación de la propiedad intelectual: favorecer la creación y el progreso científico de la sociedad. Es una paradoja – la de la financiación pública y la titularidad de los derechos – que se acrecienta cada día: la polémica del bailarín Nacho Duato amenazando con impedir la reproducción de sus coreografías por su abandono más o menos forzado de su puesto, fuera su pretensión legal o no (conserva sus derechos morales, pero parece que no otros), pone de manifiesto la idea de que existe un abuso del concepto de propiedad intelectual. Su sueldo y coreografías fueron pagados con dinero público.
Hombrelobo referenciaba ayer un articulo en Bandaancha.eu que lanzaba esta idea del ciudadano-productor a partir de una conferencia del abogado Carlos Sánchez Almeida. La cita es verdaderamente jugosa del tipo de debate que generalmente no se quiere hacer, que no está presente en la política y que la Ministra de Cultura no nos plantea y conviene plantear:
«El abogado recuerda que la Ley de Propiedad Intelectual cede los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública al que financia una obra. El filósofo concluye que ya que la mayoría del cine español está subvencionado con impuestos, «el pueblo español al completo se configura como ‘productor cinematográfico’. Ya habéis pagado las películas, sois productores y por tanto tenéis derecho a reproducir libremente las películas cuya producción habéis ya pagado, sin tener que volver a pasar por caja otra vez.»
Almeida va más lejos y propone una modificación para la ley del Cine que vincule las ayudas públicas a la publicación de las obras con licencias libres «que permitan la reproducción de las mismas sin restricciones, con reconocimiento de la autoría, al objeto de lograr su máxima difusión […] Si alguien quiere publicar su obra bajo copyright, que se quede sin subvenciones y sin desgravación fiscal«.
Si a alguien esto le parece una utopía, Almeida recuerda que más utópico es «intentar mantener con vida, mediante ingente inversión pública, un sector en estado terminal. Como si se tratase de una especie protegida, y encima pretender que los ciudadanos pasen por caja y sigan consumiendo sin rechistar: eso sí que es utópico.»