La curiosidad proviene del hecho de que nadie, ni siquiera la prensa, ni siquiera UTECA, ha puesto en cuestión en un momento de crisis recaudatoria del estado, en un clásico momento de reorientación de prioridades de financiación, el coste de las televisiones públicas. Todo lo más, los titulares de licencias de televisión privada han venido a decir que, tras la supresión de la publicidad en RTVE, deben ser las televisiones autonómicas quienes continúen el proceso de liberar recursos publicitarios para el mercado. Por supuesto, a nadie racional se le escapa que si las televisiones públicas gastan lo mismo (o más) pero reducen sus ingresos provenientes de la publicidad, el recurso al estado (ergo, en contra de las cuentas públicas saneadas) aumenta.
Medios informativos de gran tirada y audiencia no han planteado lo más mínimo de esta cuestión. Hoy leemos que RTVE le costará a los contribuyentes 26 millones de euros más. Eso sin contar con las contribuciones que telecos y televisiones privadas deben hacer para sostenerla o la reasignación de más trescientos millones de euros por el uso del espectro radioeléctrico que antes tenía usos alternativos. Todo estudiante de económicas sabe que, de una forma u otra, esas tasas al sector privado se trasladan al precio final. Es decir, termina pagando el consumidor, sea por más coste de las líneas de telecomunicaciones, los precios de los servicios de televisión de pago o las propias tarifas de publicidad que forman parte de los costes de las empresas que se anuncian. Un impuesto diluido.
Ningún bien público administrado gratuitamente es realmente gratis. Pero lo parece. La televisión pública no es gratis y se hace más duro en un entorno de fuerte exigencia de recursos para el sostenimiento de situaciones y bienes que aparentemente son superiores. Es una elección social que, teóricamente, se produce por el traslado en las discusiones presupuestarias de las preferencias del electorado en materia de gasto que se hacen en los programas electorales. Creo obvio que este nivel de abstracción teórica no es así en la práctica, pero también es cierto que ningún partido ha prometido cerrarlas.
En esta página éste autor ha optado siembre por debatir la conveniencia del mantenimiento de las televisiones públicas, tanto recaudando publicidad como sostenidas con impuestos. La postura que adopto, creo que conocida, es contraria a su pervivencia. La razón principal, por encima de las posturas pro o en contra de más o menos mercado o presencia de lo público, reside en que, simplemente, su presencia es innecesaria para garantizar lo que se suele prometer: contenidos minoritarios, sociales, pluralidad, diferenciación, etc. La tecnología permite y está permitiendo opciones infinitas de contenidos para todas las sensibilidades y vocaciones, decididos y financiados por la sociedad civil a costes significativamente inferiores. La presencia, con publicidad o no, de las televisiones públicas dificulta el que las opciones creadas en el nuevo entorno encuentren su espacio de viabilidad. Nadie aspira a que el estado tenga periódicos, pero se da por hecho que tiene que tener televisiones. Curiosamente, nadie tampoco pide que aumente su presencia en radio.
Súmesele el conflicto, si no en el debate público sí en la mente del financiador y el gestor de la radio y televisión públicas, que supone el dilema al que se enfrentan: competir y ser líder de audiencia implica más coste para el erario público ante la necesidad de pujar por derechos y contenidos mayoritarios. Los contenidos mayoritarios tienden a adolecer de diferenciación con lo privado y, especialmente, implica que el resto de la sociedad es capaz de proveerlos sin intervención del sector público. A la inversa, mantener audiencias minoritarias al coste de los servicios públicos plantea la pregunta de la necesidad de sostener organizaciones tan caras para tan pocos espectadores. Los medios públicos no son ajenos a los problemas estructurales y de organización que la sociedad digital impone a los privados: ¿podrán amoldarse a un entorno de reducción de costes progresivo y de audiencias microfragmentadas ofreciendo algo insustituible que la sociedad no dé por sí misma? Una mirada a los temáticos de televisión española permite ver que hay alternativas privadas para todos ellos, generalmente con más preferencia de público.
Tómese nota, pues, de cómo la clase política no parece dispuesta a debatir ni por un segundo la reducción y/o desaparición de los gastos y deudas generadas por eso que Juan Varela acertadamente denomina el telestado del bienestar. ¿Puede la clase política en un momento en que buscan versiones favorables para sus escándalos de financiación o para sus posiciones de recaudación impositiva resistir la tentación de no tener medios poderosos donde transmitirlas en la esperanza – ¿vana? – de que la ciudadanía no recurra a su raciocionio ante la propaganda?. Lo grave es que los medios tampoco quieren discutirlo. Y parece que ni siquiera la red.
P.D.: rumores periodísticos sobre la permanencia de Luis Fernández al frente de RTVE.., a mis orejas llegan cosas parecidas. Esperar y ver, como siempre.