La Nueva Industria Audiovisual

Existe Existió la posibilidad de que la que conocemos como ley Mickey Mouse, la ley que amplió todavía más los plazos de retorno al dominio público de las obras en los Estados Unidos, sea inconstitucional. La posibilidad consiste consistió en que el Tribunal Supremo de ese país está estuvo dispuesto a estudiarlo. Los mecanismos constitucionales son siempre delicados, pues están repletos de sutilezas y equilibrios, derechos en conflicto. Así que vaya usted a saber el resultado La petición se rechazó por 7 a 2. Recuerden que la Constitución de EEUU establece el derecho de propiedad intelectual por tiempo limitado. Sin decir cuál es ese tiempo, sí aclara los fines: To promote the Progress of Science and useful Arts. El cuerpo me pide buscar un especialista en derecho constitucional americano que nos dé luz a la intención del término useful.

La idea reside, se pueden imaginar, en que la extensión de plazos (obtenida a punto de que vencieran importantes derechos generados en el siglo XX) desvirtúa el propósito constitucional: de 95 a 120 años de plazo para lo que se llama corporate authorship (vamos, La Sirenita) incapacita de facto a más de una generación a emplear los materiales pues, de acuerdo con los críticos, los autores e inventores son el instrumento que se emplea para que el propósito de la ley, que es beneficiar al conjunto del público y no obtener beneficios económicos, se cumpla. Es decir, como tantas veces me recuerda mi amiga Isabel a propósito de esta conferencia de Stiglitz, el objetivo es el conocimiento mismo y no – esto es mío – los modelos de negocio derivados.

Pero esta cuestión, de gran valor, lo sería menos si no miramos quienes son los demandantes: en la lista encontramos algunos sospechosos habituales, como la Apache Software Foundation, pero la encabeza el sindicato nacional de escritores de los Estados Unidos cuya Junta Directiva decidió unirse por unanimidad a esta demanda. ¿Por qué? Porque «como sindicato, creemos en el interés público, en la capacidad de disponer de material libremente accesible por la vía del dominio público, que estimula la libertad de expresión, la creación de arte, etc.». En su propio nombre y derecho, autores como Charles Baxter, Wendell Berry o William Gass, que no les sonarán pero entran dentro de los autores premiados y de prestigio y sin problemas para publicar: casi toda la lista tiene algún National Book Award. Dicho en pocas palabras: creadores de verdad, no sus intermediarios.

En el juego de la terrible duración de plazos suele mencionarse el problema de las obras huérfanas, esas de las que no se puede localizar al autor pero siguen protegidas. Se suele hablar de libros. Pero también hay películas. Sucede que pensamos que películas es todo lo que el entretenimiento comercial nos ha dado y existen muchísimas cosas: documentales, películas científicas, noticieros y lo que se puedan imaginar… que cuando son suficientemente antiguos no sólo no se encuentra al titular, sino que por la naturaleza de sus compuestos químicos… se está destruyendo. No se pueden tocar porque no aparece el propietario, un patrimonio cultural en peligro o justo lo contrario del propósito de las leyes de propiedad intelectual que, ya ven, no van de la cuestión del todo gratis.

Cuando decíamos ayer que el debate está en paradigmas enconados y con pocos vasos comunicantes, este es uno de los casos. Cuando Julio Alonso me dice que estamos ante un claro caso de framing de la opinión pública no sólo es cierto, sino que sucede con los propios creadores: las descargas sólo es un mínimo problema, digan lo que digan, que no supondrá el fin de la cultura ni mucho menos (dan ganas de decir que la patria es el ultimo refugio de los canallas a los afirmantes de estas cosas al ver su procedencia y cambiando los términos adecuados), el problema es el conjunto de un sistema que, tenga las virtudes que tenga, ha quedado miserablemente obsoleto y ha perdido su finalidad: promover la innovación y la creación.

Nuestros cineastas airados no se han acordado en esta pugna de que, mirando el conjunto de este debate, la cuestión se va a desplazar a cuestiones como por qué el No-Do (pagado por todos los ciudadanos), los archivos de RTVE (y del resto de las gubernamentales, aunque sean jóvenes) no está en dominio público para provocar todos los nuevos montajes, interpretaciones o recreaciones que se quiera. Como otro patrimonio residente en la Filmoteca que pide a gritos su liberación. Que no esté en dominio público implica costes que, además, cobra el estado, quien se se supone que está para proteger al público y promover la creación. No sólo de subvenciones vive el hombre.

P.D.: A diferencia de otras tesis que suelo defender y divulgar aquí, y para hacer el cuadro completo, debe notarse que este sindicato no se opone a la propiedad intelectual – incluso llama robo a algunas cosas – sino que no comparte la extensión. En la idea de equilibrio entre el beneficio social y el uso de un privilegio por parte de los creadores subyace esta extensión. La reforma de la propiedad intelectual tiene partidarios de la recuperación de usos y reducción de plazos (Stallman, por ejemplo) o el viaje a la supresión total (Levine y Boldrin, por ejemplo). Lo llamativo para los debates en marcha es el cuestionamiento, uno cree que cada día más acusado, del modelo.