Es frecuente escuchar a la máxima responsable gubernamental de la cultura oficial de este país que es necesario establecer un equilibrio entre los derechos de los autores y los derechos de los internautas. Es difícil oponerse a una frase así porque, de hecho, es la intención original de la legislación del copyright: conceder un privilegio temporal para estimular la creación cuyo fin último es el mejoramiento de la sociedad en su conjunto por su libre circulación. Mientras la cuestión del canon no se resuelve a pesar del desastre judicial, mientras se incrementan por doquier los controles a la red, el próximo paso de las grabaciones de los grandes éxitos musicales de los años sesenta al dominio público desencadena una nueva ofensiva para extender los derechos de las grabaciones: es decir, el equilibrio se rompe siempre por el mismo lado, el de la sociedad: “El uno de enero de este año (2011), las obras de Paul Klee […] y de F. Scott Fitzgerald […] pasaron al dominio público – setenta años post mortem auctoris. Aún cuando las obras de Klee y Fitzgerald indudablemente tienen todavía un enorme valor de mercado, ningún lobby ni gobierno se ha levantado para argumentar la extensión de sus derechos”. La cuestión de las descargas que tanto aterroriza debe verse (también por muchos internautas que no acaban de entender sobre lo que protestan) en un marco de creación de equilibrios nuevos y no proponiendo un desequilibrio permanente. Si los derechos siempre se extienden hurtándose del dominio público se produce una apropiación de facto del conocimiento. Ruego que, en ese caso, no me hagan proselitismo pidiendo que los respete.