Muchas son las voces que insisten en decir que es hora de efectuar la enésima revisión de las leyes de propiedad intelectual. La mía, pequeña, también piensa que es el camino. Tras el clima de concordia mediático obtenido por Alex de la Iglesia en el famoso encuentro con personas de la red, conviene plantear si tiene sentido profundizar ese diálogo de una forma real, democrática, sin prisas y con la creación de un verdadero debate social. Lo que implica no centrarse en descargas sí, descargas no.
No ha mucho que David Cameron anunció sus intenciones de estudiar reformas (nada más llegar al gobierno, por cierto), resuenan todavía los comentarios algo apocalípticos en los que se decía que con las leyes europeas Google nunca se hubiera inventado en Europa (uno piensa que no se ha inventado en Europa, punto, y que no lo ha hecho no por la ley o no sólo por la ley sino por otro tipo de contexto de la innovación, basta con fijarse en Quaero). En Canadá también se abrió consulta pública. La UE lo hace constantemente para multitud de temas, esa misma Unión que tiene comisarios que recuerdan que esto no es cuestión de los caprichos de los profesores de derecho de la era de Gutenberg, o que el modelo actual no funciona. Nuestra ministra, curiosamente, considera que si no se hacen consultas públicas sobre las hipotecas u otras propiedades, no hay que hacerla. Salvo la sensación de prisa y ansiedad que suele mostrar la responsable de Cultura, me parece razonable que estimara invertir más tiempo y conseguir un alto nivel de deliberación y consenso social (que no es el de los partidos, es el de las personas): durará más, se cumplirá mejor.
Revisar las bases de lo que conocemos como propiedad intelectual no es un asunto de freaks o de libertarios ilusos. Al menos únicamente. Juan Alberto Belloch, hace ya unos cuantos años, al hacer su aproximación al mundo del software libre (y a la sociedad) en la campaña que le llevo a la alcaldía de Zaragoza, dijo: Mientras los políticos sólo hemos abordado Internet para prohibir, regular y restringir, en una lógica ajena a la red, hay un naciente tejido social haciendo otra cosa. Esa otra cosa va desde el software libre a El Cosmonauta, cosas que reclaman otras reglas de juego.
Una consulta pública debiera ser un procedimiento por el cual un grupo de personas de probada independencia y suficiente cualificación designadas por los poderes públicos, recibiera el conjunto de aportaciones de cualquier ciudadano, grupo social o entidad que quisiera hacerla y, con ellas, presentara un informe con propuestas de reforma a esos mismos poderes públicos. Digo debiera porque no aspiro a decir cómo debe hacerse, no tengo experiencia en esos procesos. Pero sí me atrevo a proponer la idea (más gente lo ha hecho, creo) y a sugerir qué tipo de preguntas debiera hacerse al conjunto de la sociedad:
- ¿Cómo modifica la sociedad en red las premisas de la creación y la divulgación de la cultura?
- ¿Cómo se crea el mejor incentivo para la creación y su difusión en la sociedad red?
- ¿Qué aspectos de la legislación actual impiden, dificultan o desincentivan la creación en este entorno?
- ¿Qué propuestas legales pueden hacerse bajo los esquemas anteriores para el corto y para el largo plazo? (Asumiendo que la transición de una sociedad industrial a otra en red es un proceso difícil de acotar en el corto plazo)
- ¿Cómo afecta a la situación real de los autores los cambios anteriores y las propuestas legislativas realizadas y qué medidas de apoyo, soporte precisan para su adaptación?
- ¿Cómo afectan los cambios anteriores y las propuestas legislativas realizadas a las llamadas industrias culturales y cómo se propone abordar su reconversión?
Como en los referanda, nunca las preguntas son inocentes. Siempre tienen carga ideológica y, las mías, la tienen. Pero es una propuesta. Sería interesante ver otras, que alguien discuta, que le den la vuelta a lo que digo, etc. Como siempre, un servidor no tiene ninguna esperanza de nada, pero le parece positivo extender la idea de una revisión desde los principios con un debate social amplio. Soy consciente de que mucha gente se ríe de estas cosas, y no suele faltar la desconfianza implícita en la predisposición celtibérica al uso más bien comedido de la razón, desconfianza que suele ejemplificarse con el interés social por la señora Belén Esteban, madre militante y ex novia de torero. Pero eso es simplicar la sociedad, no es lo que se ve en los blogs y en cientos de grupos de todo tipo que hacen cosas todos los días. No abordarlo por esta creencia sólo es un estúpido complejo de inferioridad colectivo. Me excusen.
También me suelen recordar que el problema de la propiedad intelectual es internacional y está englobado en industrias, valga la redundancia, globales, regidas por leyes y tratados internacionales de alta complejidad. En efecto, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Poner granos de arena. A los suecos no les importa ser minoría. En la UE hay cargos públicos que dicen que no cesarán de explorar ideas. Hay personas en España de probada talla académica y profesional para contribuir a preguntas como estas con nivel internacional: desde el mismísimo Manuel Castells, hasta Juan Urrutia, pasando por Juan Freire y Javier De la Cueva. Añado a José Luis Orihuela y a Carlos Scolari. Me dejo muchísimos, y he elegido perfiles que estudian el mundo digital, pero me parecerían casi obligados. Es el turno de quienes me leen.
Créditos: la fotografía pertenece a la galería de Rodger Levesque, distribuida con licencia CC.