La Nueva Industria Audiovisual

¿Traerá la polémica sobre el cine en catalán una visión de la era digital al problema?

Plantearse una solución propia de la era digital, era la tesis – tampoco demasiado original – que planteaba La Nueva Industria Audiovisual hace meses cuando, en un nuevo episodio de esta guerra, la pugna por la legislación sobre la materia volvía al primer plano de la opinión pública. En una lectura de hoy, el Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya adopta una postura que tarde o temprano tenía que surgir:

El presidente del gremio, que representa 510 salas catalanas que acaparan el 82% del público, afirma que “esta ley ya nace vieja; lo que nosotros proponemos es apostar por las salas digitales, en las que el público puede optar por la lengua que le interese”. Según Tarrazón, “el tener que destinar dos salas a la misma película, pero con diferente idioma, supone que se apee de la cartelera el cine más minoritario y esto va en detrimento del espectador”.

Más allá de las diferentes soluciones técnicas a adoptar, el ejemplo es excelente en la vinculación del funcionamiento de la industria audiovisual con la diferente solución a los problemas sociales (de elección pública, de identidad) que la sociedad red permite o, al menos, apunta a permitir. La disposición de subtítulos en cualquier idioma es, en la práctica, tan barato con respecto al coste de la película (véase si no, el esfuerzo colectivo para que los episodios de series americanas aparezcan subtitulados en la red sin esperar a que funcione el clásico sistema de ventanas temporales y de territorios) que permite decir que nos encontramos ante un caso claro de lógica de la abundancia: un estado en el cual es innecesario dirimir colectivamente qué versiones idiomáticas se producen y cuáles no…. en subtítulos y en los monitores particulares (televisores, pecés, móviles).

El problema reside en la exhibición cinematográfica clásica donde, por el contrario, sí se vive en el mundo de la escasez: los horarios rentables de exhibición de cine son los mismos cualesquiera que sea el idioma, el coste de oportunidad de programar una versión u otra es real. Sea dobalada o subtitulada. En teoría, los grandes múltiplex podrían jugar a programar diferentes versiones en salas distintas con aforos distintos en función de la demanda pero, de nuevo, supone obligar al empresario a efectuar decisiones no estrictamente ajustadas a su idea de rentabilidad, en un sector donde el precio es, además, fijo. ¿Estarían los espectadores interesados en el cine doblado en catalán pagar un sobreprecio para hacer más fácil de rentabilizar el coste añadido – damos por hecho que la castellana va a estar sí o sí por razones obvias de mercado – de doblar una segunda versión con teóricos menos espectadores que no incrementa el número total de asistentes? Puesto que, por el mismo proceso de razonamiento, los espectadores que acuden – que acudimos – a las versiones originales no disponen de un descuento por consumir un producto con menores costes de adaptación (otra cosa es que, probablemente, al tener menos público obtener la misma rentabilidad requiera de ese margen teórico mayor), no parece que recurrir a la flexibilidad que producen los precios permita dirimir esta cuestión por un mecanismo de mercado. Otra cosa es si debiera ser así, que seguramente sí debiera.

Al final, si se acepta el papel regulador del estado sobre el consumo cultural y de entretenimiento, todos los caminos conducen a la práctica habitual residente en la regulación audiovisual: normas y subvenciones. La cuestión es si esta es la mirada que se espera en la sociedad red. La industria audiovisual, desde el cine en sus orígenes hasta la televisión, es un mundo intervenido gubernativamente que históricamente ha estado unido a la propaganda y al control social. Los noticieros de cine (los no-dos) desaparecieron ante su irrelevancia frente a la televisión, no sólo porque llegaban con retraso frente a la inmediatez y masificación televisiva, sino porque los gobiernos han mantenido una enorme capacidad de influencia sobre la producción de noticias y contenidos audiovisuales: tanto legislativamente como organizativamente, la regulación de la televisión y el hecho de que los gobiernos han creado enormes infraestructuras de distribución de la señal, han permitido que su capacidad de determinar lo que se ve y lo que no se ve haya sido decisiva.

Pero los procesos de digitalización que facilitan, entre otros, que el uso del espectro radioeléctrico, la compresión de señales satelitales, la extensión del cable y, por supuesto, la creación de internet y su progresivo incremento de capacidad de transporte de datos están provocando tanto el fin de la comunicación de masas (unas pocas fuentes frente a muchos receptores en sentido unidireccional) por una comunicación altísimamente fragmentada y que va adquierendo características de red distribuida (la reducción o desaparición de filtros que dicen lo que se puede y no se puede ver), como la reducción de posibilidades de resolver este problema a la antigua usanza, el ya mencionado recurso a la norma y la subvención. No se puede hacer omisión aquí de si la cuestión de si doblar es un problema verdadero o es un problema inventado por la lógica nacional del pasado y sus versiones del presente, puesto que ya es una realidad de mercado y de preferencia del consumidor: contemplar el mapa del doblaje es contemplar el mapa de la historia del nacionalismo. Para nuestra sociedad, la pregunta parece ser si se sustituyen las consecuencias prácticas de un nacionalismo anterior, por las necesidades de un nacionalismo presente en un entorno donde los estados nacionales cada vez tienen menos capacidad de resolver los problemas dentro de sus lindes administrativas: Hollywood hasta ahora ha dicho no y, a pesar de algunas explicaciones que me consta que han recibido, y por muy llamativa que resulte la comparación con lenguas menores que el catalán, no parece haber voluntad. Una pregunta pertinente es si el final deseado es que el cine americano, el gran cine de entretenimiento, se pueda ver en catalán con más o menos facilidad (por equiparación al castellano), o si tiene sentido aspirar a regulaciones que, por un lado, ayuden al desarrollo de un producto internacional (es decir, el idioma es lo de menos porque tendría que ser en inglés) y, por otro, creen condiciones técnicas para que las opciones de minorías tengan acceso a todo el mercado, no al pequeño mercado de las salas de cine. Léase redes de alta capacidad que permitan hacer factibles otros modelos de negocio.

En la misma semana en que YouTube presenta una herramienta de subtitulado automático («el futuro será con subtítulos», qué visión tan acertada porque, además, el subtitulado permite enlazar y etiquetar), parece obvio que la abundancia va a consagrar la forma que, en el fondo (hay quien piensa que no) es la más teóricamente natural de consumir cultura (e información, claro) en un idioma que no es el tuyo y que no es otra que el subtitulado. El resto, con el inconveniente de que las leyes (y el cine tiene muchas leyes) siempre van por detrás de la realidad, sucederá seguramente por sí solo:

Concluiré: es evidente que existe un idioma que ha crecido con ventaja y esto es percibido como un punto de partida injusto para una parte de la población y sus representantes. Lo que sucede es que, en términos industriales, la ventaja es posiblemente insalvable si tienen razón los exhibidores sobre las preferencias de los consumidores. Vista la experiencia subvencionadora del cine y las televisiones públicas (aún con la grandísima dignidad, talento e innovación que se dan en CCMA), cabe esperar que más mecanismos de subvenciones se encastillen en el tiempo en escenarios del siglo XX y no se invierta energía ni se creen condiciones óptimas para la sociedad red: desde crear producto para el mercado internacional (Vicky Cristina Barcelona lo es, pero no sabemos si obedece a ese ánimo y, sobre todo, su estructura financiera es sostenible), hasta crear un entorno videosférico accesible por redes de alta capacidad que permitan que cualquier ciudadano, creador o no, pueda expresarse y acceder al vídeo sin que las consideraciones de idioma tengan que ser elegidas por los gobiernos, como no lo hacen con los blogs. Por supuesto, y dada la sensibilidad social del asunto, excuso decir que esto vale para cualquier gobierno.