Haber llevado el debate y la agenda social a déjennos descargar e inventen otro modelo de negocio ha creado una mirada parcial, simplista y cuestionable del problema: ¿de verdad podemos creer que con el esquema legal existente tiene sentido que puedan explotarse películas – sí, se explotan – sin permiso de los titulares de derechos? Que el enlace – benditos enlaces – sea un resquicio por el que se puede colar una forma diferente de acceder a los contenidos no oculta la realidad: las leyes no se previeron para eso, se previeron para controlar la explotación. Caminar a un mundo sin (o con menos) restricciones de patentes, un mundo que asuma un esquema diferente de la palabra autor (mucho más en el cine, donde decidir quiénes son los responsables creativos es una extraña convención que no tiene en cuenta a muchas personas que participan con su creatividad) requiere un debate que asuma que sólo creando nueva legislación desde cero orientada al dominio público por defecto y como meta se puede superar el conflicto moral y práctico de la propiedad intelectual. Otros aspirarán seguramente a otra meta quizá menos radical, pero me sorprendería que no asuman que deben plantear la cuestión desde cero.
Pero tampoco cabe pensar en el paraíso de la ausencia de obligaciones y restricciones: la vida es siempre más compleja. Desde el devolucionismo, el proceso de reducción progresiva de plazos que se propone no cuenta con una formulación de qué esquema de obligaciones y controles de la transición a un mundo con más usos libres y menos años de duración de los derechos es pertinente. Porque un mundo construido en función de la propiedad intelectual – con derechos adquiridos e inversiones legítimas conforme a la ley – no puede ni debe desmontarse de una mañana para otra sin incurrir en un nuevo abuso. Por supuesto, en el caso de la Ley Sinde se da el enésimo capítulo de un grupo de presión imponiendo sus intereses en contra de la población con todo el esquema de medias verdades y realidades poco confesables que conlleva. Y eso ofende a cualquier mente que aspire a una democracia más allá de lo formal. Pero lo que llamamos la red no ha sido capaz de construir un discurso social que oriente la cuestión hacia donde es: ahora, cuando los partidos no sienten en verdad ninguna presión social verdadera, es tarde para movilizarse e impedir algo que tiene un coste electoral en realidad irrelevante. Al lado de la crisis fiscal y de deuda, complicarse la vida en contra de la MPAA y su embajada es como preocuparse por un juanete cuando tienes cáncer de páncreas.
Software libre, usos libres de las compras de derechos por los gobiernos, fin de las patentes, apertura de datos de las administraciones públicas, son parte de un todo más grande que debiera ser el verdadero programa activista. Quedarse sin películas en calidades de imagen cuestionables es quedarse en la nada: poco a poco televisores, tablets, móviles y demás gadgets construirán jardines cerrados donde las películas podrán verse seguramente por poco dinero y aumentando de modo progresivo el catálogo online. Reduciendo el espacio de la creación independiente y la competencia de terceros. ¿Quién va a acordarse entonces de la propiedad intelectual y las redes abiertas? Creer que es en Facebook y Twitter donde el activismo tiene lugar sigue siendo otra triste trampa del internauta común y de mucha parte de la ideología de la red española.
Me dirán si es un exceso de pesimismo o un discurso impropio.