Las pequeñas batallas de la política llegan esta vez al uso de imágenes de vídeo para las campañas electorales: la cuestión es que una candidata del Partido Popular parece haber empleado imagenes de vídeo pagadas por el Ayuntamiento para su propio vídeo. El partido de la candidata se defiende diciendo que estaban colgadas en YouTube y que ha hecho uso de ellas. En fin, si ellos lo dicen… Dicen mucho, no obstante. Porque estaríamos asumiendo que las imagenes de una institución pública por el mero hecho de estar en YouTube pueden ser empleadas por cualquiera. Haciendo ahora abstracción de la licencia con la que esté divulgado (lo desconozco) sería un paso adelante interesante en el que no sé si han caído. Con ello podríamos abrir el melón de la ingente cantidad de imagenes pagadas con fondos públicos (ministerios, autonomías, ayuntamientos, diputaciones…) que no están disponibles para ser remezcladas. Este vídeo vendría a ser la prueba de sus beneficios, aunque sólo sea por bajar el coste de las campañas. Podríamos extender la cuestión – tachán – a las televisiones públicas que, con nuestro dinero, siguen empleando esquemas propietarios en lo que parece algo contrario a una de sus presuntas misiones: extender y difundir la cultura. La crítica de David Cierco y César Calderón es correcta: si sólo unos pueden usarlas, es un uso partidario del dinero público. Pero, como exponentes importantes de la cultura del open government, les propongo que adicionalmente planteen la cuestión para mi más interesante: si el conocimiento y los datos generados con dinero público deben ser abiertos, también lo debe ser el vídeo. Hasta el INE tiene copyright en su web. Que ya nos dirán para qué sirve si no podemos usar sus datos.