¿Puede titularse alarma en el cine español cuando sus representantes más significativos dicen en las declaraciones que han hecho o te han hecho que están tranquilos, que han hablado (o ya tienen medio acordado), que siempre hay diálogo, etcétera, etcétera? Que el partido con más opciones aparentes de ganar las próximas elecciones anuncie que suprimirá la inversión obligatoria de las televisiones privadas en cine y que eso, más o menos, quedaría sustituido por Televisión Española que, pudiera ser, dejaría de comprar cine americano y dedicaría su dinero a pagar películas españolas, tiene visos de ser el camino para la enésima reforma. Mirada positiva: bastantes. A saber: un sector no tiene que subvencionar a otro, se acabó la tensión política con las privadas, la televisión española se dedica a hacer lo que no hace el mercado y daría, potencialmente, un mayor espacio promocional a las películas antes de ser estrenadas (que es cuando cuenta). Lo mismo hasta el público le perdona la vida en la batalla de la opinión publicada. Mirada negativa: altísima concentración de películas en el operador público que, por más que ha intentado esquemas para ser plural, independiente y a prueba de amigotes tiene tras de sí una alta sospecha de que siempre repiten los mismos y que no se sabe por qué sí le toca a uno y no a otro. Altas probabilidades de que la producción ejecutiva que RTVE realice no busque con verdadero rigor profesional (nunca ha existido el incentivo para ello, en realidad) las grandes audiencias aún con esos esquemas de películas, A, B y C según los dineros involucrados. Altas probabilidades de que se hagan más películas de las que se pueden absorber (café para todos). Riesgo de que, por mucho que la audiencia sin publicidad se comporte razonablemente bien, la propia fragmentación del mercado en una RTVE sin capacidad de crecer en recursos y rígida en su estructura hasta aburrir se vea cada vez más constreñida en su financiación acelerando su falta de incentivo. Y, por qué no, una interesante nueva batalla con el público que tendría clarito, clarito, que las películas se financian verdaderamente – y, digan lo que digan, es así en su mayor proporción real – con dinero de todos los contribuyentes levantando interesantes preguntas sobre si pueden disponer de ellas libremente en una red peer to peer… O, con riesgos de que haya demagogia, si tienen que pagar Torrente (el fenómeno de La Noria, no tiene por qué terminar ahí). Incluso muchos se preguntarán, ya que hay que pagarlas y la opción de que no tengan mercado sigue ahí ante incentivos que lo normal es que sigan mal orientados, cuál es el sueldo de el de aquí y el de más allá que hacen la peli y si eso es compatible con sueldos públicos, lo que se le paga a un médico, etc. etc. En fin, lo mismo que con las minas improductivas.