En el diario El País una serie de personas se muestran muy indignadas por el hecho de que, a partir de ahora, se cobrará por el uso de los datos de la Agencia Española de Metereología. Como es imposible ser verdaderamente objetivo, la tonalidad del artículo – aún en su sobriedad – hace pensar que para el redactor estas personas están cargadas de razón. Los hechos reales no son la cuestión (lo mismo las cosas no son como se cuentan), lo que es interesante en este caso son dos argumentos que aparecen en ese contexto como prácticamente incuestionables. Por un lado, un entrevistado dice: «Resulta indignante e inaceptable que unos datos que posee un organismo oficial no estén disponibles para la sociedad, que los ha costeado con sus impuestos». Por otro, el redactor asegura que se tendrá que pagar «incluso por datos históricos conseguidos con dinero público». ¿Alguien ha visto plantearse alguna vez que lo que las televisiones públicas producen con dinero público se reclame como patrimonio común? Nótese que lleva cerrado décadas y lo que supone de diferencia de punto de vista: cuando te quitan los datos de la información pagada con dinero público nos parece que adquiere tintes escandalosos, pero no lo hemos hecho con las horas de producción pagadas para, presuntamente, el bien común. Lo que nos lleva a recordar que existen muchas prerrogativas y compras públicas de producciones cinematográficas que lo son con dinero de todos y lo mismo cabe exigir entonces ciertas relajaciones sobre la propiedad. Enumerado este argumento siempre hay alguien que dirá que “no es lo mismo”, pero uno cree que la reflexión sobre posibilidades y límites de propiedad cuando se alega un beneficio para el público merece la pena en un mundo donde ya todo son datos: un fotograma son bits.