Durante una comida me ponen la televisión llamada pública y descubro que el hijo de Isabel Pantoja tiene problemas sentimentales. Sucesivamente, me relatan un montón de circunstancias más de lo que en un tiempo se hubiera llamado vida social y que ahora es una industria de telerrealidad. No tengo ningún problema moral con ello ni me escandaliza que se hable de gente sin mérito conocido aparte de su cuerpo y su genética. Tampoco me escandaliza – por sí mismo – que se emita en esa televisión pagada por el contribuyente. Lo que es escándalo es que eso se haga cuando la oferta privada ya lo hace con mucho detalle: no hay necesidad de que gastemos dinero público en ilustrar y aumentar el capital social (ese que se emplea para monetizar por otras vías: bolos, pregones, perfumes…) de la familia Ubrique y otras tantas. Mucho más cuando esos dineros tiene usos alternativos.

Que soy partidario de cerrar la televisión pública es un tema reiterado y explicados sus motivos aquí con frecuencia, pero regreso porque el excelente Eduardo Madinaveitia ha elaborado un argumentario del proceso que conducirá al cierre de RTVE en tono de denuncia basado en cuatro puntos que resumo: a) la publicidad se retira por presiones del sector privado (cierto, y tienen razón,  es una competencia desleal, otra cosa es que como sector que vive de las normas publicadas en el BOE no tengan otras vergüenzas contrarias a la competencia), b) que la audiencia cae porque falta dinero para financiarla c) que la audiencia no justificará algún día su existencia y d) que se pedirá el cierre de algo deficitario y sin interés. Ese proceso yo lo describí como la paradoja de la televisión pública: que si tiene maxima audiencia sólo se hace a costa del sector privado, si tiene poca porque se dedica a la excelencia artística o a las minorías, se cae en la irrelevancia y no se justifica el enorme gasto. Mucho más, añado, en un tiempo en el que producir, relatar y construir audiencias es algo al alcance de cualquier grupo social que se organice.

Hago mi comentario porque, además de querer convencerlo de otro punto de vista, el argumentario de Eduardo entraña un lamento conspirativo que, pudiendo ser plenamente cierto, no deja de esconder una realidad que supera la maldad de la posible conspiración: para obtener la audiencia que se le exige a RTVE, que nadie se engañe, hay que hablar de los posados de Ana Obregón, comprar fútbol, motos, etc. y emitir cine americano. Las tres cosas las ofrece el sector privado en abundancia en abierto y en pago. Más aún, muchos contenidos de audiencias menores también son ofrecidos en abierto y en pago. El espacio para que la televisión pública aporte algo y sea innovadora es prácticamente nulo (que a la información controlada por los gobiernos le llamemos joya de la corona es, en realidad, una alteración democrática: se supone que el periodismo va de controlar al poder). No sólo es cercano a lo nulo, sino que a ese coste cuando se tiene que ahorrar en educación y hospitales resulta llamativo: los parados de larga duración tienen más incertidumbre presupuestaria que RTVE, los centros de investigación en crisis cuestan mucho menos que RTVE.

Para el sector de la publicidad, la pérdida de RTVE ha creado un problema serio ante la concentración de la oferta realmente atractiva en dos operadores que imponen condiciones poco deseadas. Por otras lecturas de Eduardo, considero que él se suma a este problema. Pero el problema de que el mercado de la publicidad en televisión no funcione como debería no reside en que la televisión pública no tenga publicidad, reside en cómo se concibe y regula el sector privado. Debemos acostumbrarnos a un hecho: que la Unión Europea, a su manera y con sus agujeros para excepciones, tiene como uno de sus fines evitar la distorsión por el estado de las reglas de la competencia. Más allá de lo que opine la Unión Europea, es una cuestión ética y de justicia: nadie debería poder jugar con ventaja y una televisión pública comprando derechos premium con dinero del contribuyente lo es.

La tecnología tiene capacidad parar empezar a disputar el modelo de concesión de licencias de televisión tal y como se concibió en la era analógica y del supercontrol estatal de los medios de comunicación audiovisuales. Personalmente, considero que los tiros deben moverse hacia allá para establecer un sistema de libre concurrencia para la emisión y comercialización de imágenes. Si esto debilita o no el modelo publicitario que hemos vivido es lo de menos: por encima está el derecho a  la libertad de expresión (que cualquiera pueda transmitir imágenes) y a la libertad de empresa (vender imagenes como el que vende zapatos). Si existen tecnologías que hacen innecesario que el estado regule – en general, un concurso de belleza – quién puede tener una televisión y quién no, lo lógico es que se trabaje por mutar a esas tecnologías. Se llaman fibra óptica y satélite y tienen ya un despliegue que permite diseñar una transición hacia un mundo en el que no haya que decidir quién tiene capacidad para emitir y quién no. En ese escenario, la infraestructura de la televisión pública es un coste que se hace cada día más evidente su poca necesidad y la imposibilidad de cubrir todos los escenarios de interés en un mundo infinito. Si se le añade un sistema de desgravación fiscal a la creación, la inutilidad de una RTVE es más que clamorosa.

En definitiva, ni el mercado publicitario ni el recuerdo romántico de la televisión que vivimos, romántica hasta en los viejos anuncios, no parece un buen criterio para pensar cómo debe ser la comunicación y el rol de las administraciones públicas en la era digitalizada y en red que ya vivimos por las mismas razones que se esgrimieron en su día: informar, formar y entretener. Por las mismas razones que los políticos han dado para justificar sus dedos decisores con la televisión: por la verdadera diversidad y la verdadera pluralidad. El debate no es sólo español.