Hoy se ha anunciado que la FCC suprime la denominada “fairness doctrine”, un espacio regulatorio que buscaba la compensación ideológica de los contenidos por parte de los receptores de licencias de broadcast en EEUU. Es una cuestión más o menos similar en algunos sitios y que aquí nos ha dado por llamar últimamente como pluralidad en un ejercicio de cinismo legal bastante, si me lo perdonan, risible. La cuestión es que el mundo de la escasez analógica conllevaba una necesidad de regular los contenidos para que los beneficiarios contaran con todas las voces y, por supuesto, se respetara la moral y el buen gusto de… quien regula. Esa inercia sigue metida en las mentes de casi todos, visible en todos aquellos que protestan por la telebasura, los horarios regulados o la existencia de líneas editoriales de televisión que no gustan nada a sus opositores por muy minoritaria que sea su audiencia. ¿El argumento para su supresión? La obsolescencia. En el mundo de lo que también llaman broadband economy las barreras de entrada para tener voz se extinguen… seguir creando restricciones editoriales como las que, por ejemplo, en España obligan incluso a las cadenas privadas a repartir su tiempo informativo en tiempo electoral es tan extraño y provoca tanta perplejidad como la que en su día nos mostró Paloma Llaneza con el caso de los anuncios de prostitución. O como quienes sostienen (muchos, amigos) que la falta de conexión de muchas personas – cada día más una cuestión voluntaria y no técnica – es una justificación de una televisión pública que se debate entre vivir en la irrelevancia o la masificación: ambas conducen a su inutilidad, bien porque no se justifican, bien porque la sociedad civil (incluyendo su vertiente más obscena y de peor gusto) ya lo llevan a cabo sin costar dinero de los impuestos. El intento de intensificar la regulación morirá por su imposibilidad práctica y sospecho que veremos el camino a su reducción abrirse por doquier en una pugna intensa para mantener el control de las comunicaciones.