Verde que te quiero verde. La política europea se vió conmocionada en los años ochenta por el ecologismo político. Mezclado con el pacifismo y la reacción a la guerra fría, los éxitos electorales pasados no han logrado una presencia permanente ni mayoritaria del ecologismo en los parlamentos europeos, pero desde entonces no hay partido político, actuación administrativa o elementos del discurso dominante de la opinión pública que no se tiña de verde como elemento de legitimidad. La entrada del Partido Pirata alemán en el parlamento de Berlín, extensa y sonada, es explicada parcialmente por Hollywood Reporter por la reducción de las reclamaciones entorno a la reforma del copyright y el posicionamiento en favor de “la democracia y la transparencia”. La lectura se puede hacer en negativo: la corrupción del sistema y el oscurantismo con el que se toman las decisiones. Algunos amigos en posiciones ejecutivas en la industria suelen preguntarme ante mis argumentaciones sobre los problemas del copyright (muchas veces aceptando la realidad de la cuestión) ¿y, entonces, qué se hace?. He argumentado muchas veces que hace falta otra clase de debate social liderada especialmente por los creadores centrada en los incentivos a la creación y no en las malditas descargas para después construir nuevos marcos legales. Sin soluciones mágicas. Y que el punto de partida empieza por efectuar concesiones reales para reducir los desequilibrios con la sociedad: en esencia, lo que se percibe alrededor del copyright es la actuación monopolística y la inevitable sensación de corrupción política y deterioro de la democracia que rodea la actuación de los lobbys de derechos. Nuestra ministra se despide sin asomo de autocrítica (tampoco puede pedírsele, siendo justos), pero ya es llamativo que después de tantos meses desde la sentencia del canon aquí no haya una solución ni una propuesta de revisión: es difícil creer que esto va en favor del público. Es complejo ganar legitimidad frente a la sociedad para asumir cualquier restricción (por ejemplo, a las descargas) en un clima que parece de cartas marcadas. En España nunca ha ganado un partido ecologista, pero todos son ecológicos de salón si hace falta. Y transparencia y democracia parecen ser griales del 15-M, un presunto movimiento que, por otro lado, no parece enterarse de casi nada verdaderamente trascendente (ya pueden fusilarme). La tendencia pro gobierno abierto pide la liberación de los datos gubernamentales y crece en el discurso político: lo que produce una tele pública son datos, que nadie se engañe, y ahí hay un buen espacio para empezar otra política de derechos. Un montón de parlamentos autonómicos y ayuntamientos encontraron en la oposición al canon un elementos de conexión con la población. Piratas, que son unos piratas.
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Está dando vueltas, muchas vueltas, una información que al parecer parte de la Asociación de Internautas (AI) y que luego ha recogido El Economista en la que esencialmente se titula que Holanda suprime el canon. Lo que, de momento, no es cierto. La AI tiene el detalle de enlazar la fuente original, y podemos encontrar muchas cosas interesantes. Lo primero, es que estamos ante una propuesta (gubernamental, eso sí, y eso es muy importante) de reforma de las leyes de copyright, no de una simple supresión del canon. Telegráficamente: la razón de la reforma es el estímulo de la creatividad y la innovación, verdadero propósito de la legislación de copyright (algo que, permítanme, se saluda como una fiesta por algunos comentaristas, cuando ese es el debate real desde hace tiempo, no las descarguitas ni el canon); no se suprime en absoluto el copyright sino que se pretende hacer cumplir, curiosamente haciendo ilegal la descarga, pero no punible; sí, se desea suprimir la compensación por copia privada por obsoleta – en dispositivos y conexiones – y a cambio de no incluir DRM sobrecargar el precio de la copia; los creadores podrían exigir de los productores la distribución digital; se amplía el fair use; se pueden cerrar sitios con contenido ilegal; más transparencia de las sociedades de gestión; facilitar la licencia europea. Lo interesante es que, frente al caso español, lo que se explora es un equilibrio diferente porque “el desarrollo actual de la sociedad exige tomar decisiones sobre la política de copyright”. Está lejos de otras propuestas, pero al menos aspira a reducir el ámbito de protección al tiempo que se pretende hacer cumplir el que exista sin criminalizar y centrándose en la función real del privilegio (es un privilegio) que es la propiedad intelectual.
Uno de mis profesores de Hacienda Pública nos insistía en el contexto social que rodeaba a la imposición: las cargas sobre la población debían tener un grado de aceptación suficiente para que la pervivencia de un impuesto fuera posible. Ejemplos, tenemos. Poca gente discute el IRPF, aunque sí discuta cuánto ha de ser. Normalmente, en este punto alguien recuerda que el canon no es un impuesto técnicamente hablando, pero creo que todos nos entendemos. Es difícil no asumir que, en estos términos, estamos frente a un fracaso absoluto. Sumado al desastre jurídico, no hay mucho que añadir. De poco vale insistir en que se da la razón al motivo de su existencia y que hace mucho que existía: lo que se percibe es que no se pone la misma energía en solucionar lo que el canon resulta que no puede hacer y sí mucha en perseguir descargas, como si la ley siempre cayera del mismo lado. Si esto es un pensamiento inexacto es también lo de menos: importa lo que la gente cree. Se me hace cuesta arriba pensar que lo que llamamos industrias culturales pueda vivir toda su vida sin contar con suficiente legitimidad frente quienes la soportan. El servicio militar tenía todos los parabienes legales – y sigue en la Constitución – hasta que una generación decidió no ir y los políticos se unieron al sentimiento social.